Difusión no consentida de imágenes íntimas

La difusión no consentida de imágenes íntimas —popularmente denominada revenge porn o non-consensual intimate image sharing (NCII)— es el acto de divulgar, compartir, filtrar o publicar, por cualquier medio, imágenes o grabaciones audiovisuales de contenido íntimo de una persona sin que esta haya prestado su autorización para esa difusión, aunque en origen las hubiera obtenido con su anuencia en un contexto privado.

El Código Penal español lo recoge en el artículo 197.7 CP, modificado por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, con efectos desde el 7 de octubre de 2022. El tipo castiga tanto a quien difunde, revela o cede a terceros esas imágenes como, con pena de multa, a quien habiéndolas recibido las difunde, revela o cede sin el consentimiento de la persona afectada. La pena se impone en su mitad superior cuando los hechos los comete el cónyuge o persona unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, cuando la víctima es menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o cuando concurre finalidad lucrativa. Si el material representa a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección puede entrar en juego el artículo 189 CP.

El bien jurídico protegido es la intimidad personal y familiar y la propia imagen, garantizadas por el art. 18 CE. Por ello, este delito se ubica sistemáticamente en el capítulo del descubrimiento y revelación de secretos. El art. 197 CP regula además otras conductas contra la intimidad, como el apoderamiento de documentos o la interceptación de telecomunicaciones y la posterior difusión de lo descubierto.

Para que la conducta sea penalmente relevante conforme al artículo 197.7 CP deben concurrir los siguientes elementos:

1. Objeto material: imágenes o grabaciones audiovisuales obtenidas en un ámbito reservado El artículo 197.7 CP exige que se trate de imágenes o grabaciones audiovisuales de la persona afectada obtenidas con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros.

2. Ausencia de autorización de la persona afectada para la difusión El artículo 197.7 CP castiga a quien actúa «sin autorización de la persona afectada». El hecho de que las imágenes se obtuvieran con la anuencia de la víctima —por ejemplo, en un intercambio voluntario dentro de la pareja— no equivale a autorización para difundirlas, revelarlas o cederlas a terceros.

3. Acto de difusión, revelación o cesión a terceros Son estas tres las modalidades que describe el tipo. El segundo párrafo del artículo 197.7 CP alcanza también a quien, habiendo recibido las imágenes o grabaciones, las difunde, revela o cede a terceros sin el consentimiento de la persona afectada.

4. Menoscabo grave de la intimidad El tipo exige expresamente que la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.

5. Dolo Se requiere que el autor actúe sabiendo que carece de la autorización de la persona afectada y con voluntad de difundir, revelar o ceder. El tratamiento del error sobre un hecho constitutivo de la infracción o sobre la ilicitud del hecho se rige por el art. 14 CP.

Cuando el responsable obtiene un beneficio patrimonial obligando a la víctima con violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio, la conducta puede concurrir con la extorsión (art. 243 CP); si se le compele con violencia a hacer lo que no quiere, con las coacciones (art. 172 CP), dando lugar a un concurso de delitos.

El artículo 197.7 CP castiga la conducta con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses; a quien, habiendo recibido las imágenes o grabaciones, las difunda, revele o ceda a terceros sin consentimiento de la persona afectada se le impone multa de uno a tres meses. En ambos supuestos la pena se impone en su mitad superior cuando los hechos los comete el cónyuge o persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, cuando la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o cuando los hechos se hayan cometido con finalidad lucrativa.

Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.

Art. 197 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

• Individualización de la pena: las reglas del art. 66 CP determinan la extensión concreta según concurran circunstancias atenuantes (art. 21 CP) o agravantes (art. 22 CP); la circunstancia mixta de parentesco se regula en el art. 23 CP.
• Prohibiciones accesorias: en los delitos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen el juez o tribunal puede imponer en sentencia una o varias de las prohibiciones del art. 48 CP —residir o acudir a determinados lugares, aproximarse o comunicarse con la víctima— por tiempo que no excederá de cinco años si el delito es menos grave (art. 57 CP).
• Concursos relevantes: cuando el material representa a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección pueden aplicarse los tipos del art. 189 CP, castigados en su apartado 1 con prisión de uno a cinco años. Si se obligó a la víctima con violencia o intimidación con ánimo de lucro, cabe el concurso con la extorsión (art. 243 CP), con prisión de uno a cinco años, o con las coacciones (art. 172 CP), con prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses.

Además de la responsabilidad penal, la ejecución del hecho obliga a reparar los daños y perjuicios causados (art. 109 CP), lo que comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales (art. 110 CP). Toda persona criminalmente responsable lo es también civilmente si del hecho se derivan daños o perjuicios (art. 116 CP).

El procedimiento habitual sigue estos pasos:

Denuncia o querella La víctima puede acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal. La admisión de la denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito se ponen inmediatamente en conocimiento de los presuntamente responsables (art. 118.5 LECrim). La querella es la vía habitual cuando se pretende ejercer la acusación particular de forma activa.

Instrucción judicial La instrucción de la causa corresponde a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido en que el delito se hubiere cometido (art. 14.2 LECrim). En esta fase es fundamental la preservación urgente de la prueba digital: capturas de pantalla, volcado de conversaciones e identificación de las direcciones donde se ha alojado el material. Pueden solicitarse medidas cautelares: en los delitos del art. 57 CP —entre ellos los cometidos contra la intimidad y el derecho a la propia imagen— el juez puede imponer cautelarmente la prohibición de residir o acudir a determinados lugares o de aproximarse o comunicarse con determinadas personas (art. 544 bis LECrim); si la víctima es alguna de las personas del art. 173.2 CP, cabe la orden de protección del art. 544 ter LECrim.

Juicio oral El cauce ordinario es el procedimiento abreviado, aplicable al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años (art. 757 LECrim), y puede seguirse el procedimiento para el enjuiciamiento rápido cuando concurran los requisitos del art. 795 LECrim. El conocimiento y fallo de las causas por delitos con pena privativa de libertad no superior a cinco años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía corresponde a la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de la circunscripción donde el delito fue cometido (art. 14.3 LECrim), y en los demás casos a la Audiencia Provincial (art. 14.4 LECrim). Cabe también sentencia de conformidad ante el juzgado de guardia en los términos y con los límites del art. 801 LECrim. El delito no figura entre los atribuidos al Tribunal del Jurado (art. 1 LO 5/1995).

Tanto para la persona investigada como para la víctima, la asistencia letrada especializada desde el primer momento es esencial. A continuación se exponen las estrategias más relevantes desde ambas perspectivas:

Para la víctima:

• Actuación urgente de preservación: antes incluso de interponer denuncia conviene documentar y conservar el material probatorio (capturas, conversaciones, direcciones donde se alojó el contenido), así como solicitar su retirada a las plataformas a través de sus propios protocolos de notificación de abuso. Estas gestiones no impiden el ejercicio posterior de la acción penal.
• Acumulación de acciones: la víctima puede ejercer la acción penal y reclamar la responsabilidad civil derivada del delito, que comprende la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales (arts. 109 y 110 CP); el perjudicado puede optar además por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil (art. 109.2 CP).
• Solicitud de medidas cautelares: puede interesarse la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima (art. 544 bis LECrim) y, cuando concurran sus presupuestos, la orden de protección del art. 544 ter LECrim.

Para la persona investigada:

• Autorización de la persona afectada: el tipo exige actuar «sin autorización de la persona afectada» (art. 197.7 CP); si se acredita esa autorización para la difusión, la conducta resulta atípica.
• Cuestionamiento de la prueba: procede examinar si el material y los dispositivos se obtuvieron con respeto a los derechos fundamentales, singularmente a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones (art. 18 CE).
• Error: puede alegarse que el investigado no era consciente de la falta de autorización; el error sobre un hecho constitutivo de la infracción o sobre la ilicitud del hecho produce los efectos del art. 14 CP.
• Atenuantes: la reparación del daño ocasionado a la víctima o la disminución de sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del juicio oral, constituye la atenuante de reparación del daño (art. 21.5.ª CP), con los efectos del art. 66 CP.

Por parte de las víctimas:

• No actuar con rapidez suficiente: cada hora que pasa, el material puede replicarse en más plataformas. La preservación de pruebas y la solicitud de retirada a las plataformas deben hacerse de forma inmediata, sin esperar al resultado del proceso penal.
• Borrar las conversaciones o pruebas originales: muchas víctimas, por angustia, eliminan los mensajes o capturas que acreditan la autoría. Estas evidencias son fundamentales para el proceso penal y deben conservarse.
• Creer que si las imágenes las tomó la propia víctima no hay delito: el art. 197.7 CP parte precisamente de imágenes obtenidas con la anuencia de la persona afectada; lo que se castiga es difundirlas, revelarlas o cederlas a terceros sin su autorización.
• Pensar que el proceso penal resolverá automáticamente la retirada del contenido: la condena penal no garantiza por sí sola que el material desaparezca de todas las plataformas, por lo que conviene actuar en paralelo ante ellas.

Por parte de los investigados:

• Seguir difundiendo el material tras conocer la existencia del procedimiento: cada nueva difusión, revelación o cesión sin autorización de la persona afectada puede integrar de nuevo la conducta del art. 197.7 CP.
• Creer que el hecho de que la víctima enviara las imágenes voluntariamente excluye el delito: la anuencia en la obtención no equivale a la autorización para la difusión que exige el art. 197.7 CP.
• Acudir a la primera declaración sin asistencia letrada: el derecho a no declarar contra uno mismo, a guardar silencio y a designar abogado se reconocen desde la detención o desde que se comunica la existencia del procedimiento (arts. 118 y 520 LECrim).

Un abogado especialista colegiado que interviene en este tipo de asuntos —ya sea en representación de la víctima o del investigado— estructura su trabajo en varias capas.

En representación de la víctima: la intervención comienza con una valoración urgente del caso para determinar el alcance de la difusión y las plataformas implicadas. El letrado coordina la preservación del material probatorio con peritos especializados en evidencia digital y prepara la denuncia o querella. Asesora sobre la posibilidad de ejercer la acusación particular y sobre la reclamación de la responsabilidad civil derivada del delito, que comprende la indemnización de perjuicios materiales y morales (art. 110 CP). También valora la procedencia de solicitar medidas cautelares de protección (arts. 544 bis y 544 ter LECrim) y acompaña a la víctima en todas las fases del proceso.

En representación del investigado: el letrado analiza con rigor la prueba de cargo existente, verifica si la obtención de los dispositivos o del material digital respetó los derechos reconocidos en el art. 18 CE y examina si concurre realmente la falta de autorización para la difusión que exige el art. 197.7 CP. Asesora sobre el derecho a no declarar (art. 118 LECrim) y, si los hechos son innegables, trabaja sobre la reparación del daño y sus efectos atenuatorios (art. 21.5.ª CP), así como sobre la eventual suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad conforme al art. 80 CP.

En ambos casos, la especialización en derecho digital y en la prueba electrónica es un factor determinante de la calidad de la defensa, dado que la mayor parte del material probatorio reside en dispositivos, servidores y plataformas que requieren un tratamiento técnico y jurídico específico.

La interpretación de «difusión no consentida de imágenes íntimas» evoluciona con la doctrina de los tribunales. No reproducimos números de sentencia ni identificadores ECLI sin verificar: la jurisprudencia aplicable a un caso concreto debe localizarla y contrastarla un abogado colegiado en la fuente oficial. Puedes preparar tu estrategia de búsqueda en el CENDOJ con nuestro buscador de jurisprudencia asistido y validar cualquier referencia con el verificador de citas legales.

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