Agresión sexual

La agresión sexual (arts. 178 a 180 CP) castiga cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. El art. 178 CP, en su redacción dada por la LO 10/2022, de 6 de septiembre, y la LO 4/2023, de 27 de abril, configura la agresión sexual en torno a la falta de consentimiento, con marcos diferenciados según las circunstancias.

La ley define el consentimiento en positivo: sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona (art. 178 CP).

Cuando la agresión consiste en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable es castigado como reo de violación (art. 179 CP).

• Acto de contenido sexual que atente contra la libertad sexual de otra persona.
• Ausencia de consentimiento, conforme a la definición legal de voluntad libremente manifestada (art. 178 CP); se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual realizados empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los ejecutados sobre personas privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los realizados cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad (art. 178 CP).
• Dolo: conocimiento y voluntad referidos al carácter sexual del acto y a la falta de consentimiento; el error sobre un hecho constitutivo de la infracción se rige por el art. 14 CP.
• Circunstancias de agravación legalmente tasadas: actuación conjunta de dos o más personas, violencia de extrema gravedad o actos particularmente degradantes o vejatorios, especial vulnerabilidad de la víctima, uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, entre otras (art. 180 CP).

En el plano probatorio rigen las garantías del art. 24 CE: la presunción de inocencia, el derecho a un proceso con todas las garantías y el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa.

El sistema es escalonado. La agresión sexual básica se castiga con prisión de uno a cuatro años; si se comete empleando violencia o intimidación o sobre una víctima con la voluntad anulada, la pena es de uno a cinco años de prisión. El órgano sentenciador, razonándolo en sentencia y siempre que no medie violencia o intimidación, que la víctima no tuviera anulada su voluntad y que no concurran las circunstancias del art. 180 CP, puede imponer la pena de prisión en su mitad inferior o multa de dieciocho a veinticuatro meses, en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable (art. 178 CP). La violación se castiga con prisión de cuatro a doce años y, si media violencia o intimidación o la víctima tuviera anulada su voluntad, con prisión de seis a doce años (art. 179 CP). Cuando concurre alguna de las circunstancias del art. 180 CP, las penas son de dos a ocho años, cinco a diez años, siete a quince años y doce a quince años, respectivamente, y si concurren dos o más se imponen en su mitad superior.

Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona.

Art. 178 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de cuatro a doce años.

Art. 179 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

La condena puede llevar aparejadas consecuencias adicionales: cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público, se impone además la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años (art. 180 CP). En la fase de instrucción es frecuente que se debata la prisión provisional. Toda cifra debe confirmarse contra el BOE vigente y con un abogado especialista colegiado.

La defensa exige aquí el máximo rigor técnico y un trato respetuoso hacia todas las partes: su función constitucional es garantizar un juicio justo (art. 24 CE). En abstracto, se despliega en varios planos:

• Presunción de inocencia como eje (art. 24 CE): la carga de la prueba corresponde íntegramente a la acusación; la defensa somete la prueba de cargo a contradicción en un proceso con todas las garantías.
• Análisis riguroso de la prueba objetiva: mensajes, testigos, informes médico-forenses y periciales, y su coherencia con las versiones ofrecidas.
• Control de garantías: licitud en la obtención de la prueba —con la eventual nulidad de la prueba ilícita—, cadena de custodia y derecho de defensa desde que se comunica la atribución del hecho punible, con derecho a designar libremente abogado y a examinar las actuaciones antes de declarar (art. 118 LECrim), incluido el derecho a no declarar.
• Proporcionalidad de las medidas cautelares durante la instrucción.

La estrategia la dirige siempre un abogado especialista colegiado especializado. JBH es una plataforma de intermediación jurídica que coordina con abogados especialistas colegiados independientes; la dirección del caso corresponde siempre a un colegiado habilitado.

La interpretación de «agresión sexual» evoluciona con la doctrina de los tribunales. No reproducimos números de sentencia ni identificadores ECLI sin verificar: la jurisprudencia aplicable a un caso concreto debe localizarla y contrastarla un abogado colegiado en la fuente oficial. Puedes preparar tu estrategia de búsqueda en el CENDOJ con nuestro buscador de jurisprudencia asistido y validar cualquier referencia con el verificador de citas legales.

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