Prisión provisional

La prisión provisional es una medida cautelar personal que acuerda el juez de instrucción para privar de libertad a una persona investigada antes de que recaiga sentencia firme. Sus presupuestos, su duración y el trámite para acordarla están regulados en los art. 503 LECrim, art. 504 LECrim y art. 505 LECrim. Afecta al derecho fundamental a la libertad (art. 17 CE), que remite a la ley la determinación del plazo máximo de duración de la prisión provisional.

No es un anticipo de la pena: rige plenamente la presunción de inocencia (art. 24 CE). Solo puede acordarse para alguno de los fines que la ley enumera, nunca como castigo.

La adopción de la prisión provisional exige, conforme al art. 503 LECrim:

• Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos con caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado o encausado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso (art. 503 LECrim).
• Que aparezcan motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión (art. 503 LECrim).
• Que se persiga alguno de los fines legales: asegurar la presencia del investigado o encausado cuando pueda inferirse racionalmente riesgo de fuga; evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba cuando exista un peligro fundado y concreto; o evitar que pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima (art. 503 LECrim). También puede acordarse para evitar el riesgo de que cometa otros hechos delictivos, solo cuando el hecho imputado sea doloso (art. 503 LECrim).
• Que se respete su carácter temporalmente limitado: durará el tiempo imprescindible para alcanzar esos fines y en tanto subsistan los motivos que justificaron su adopción (art. 504 LECrim).

La prisión provisional sólo podrá ser decretada cuando concurran los siguientes requisitos: 1.º Que conste en la causa la existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado o encausado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso.

Art. 503 LECrim · Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. · texto en el BOE

La decisión se adopta tras una audiencia a la que se cita al investigado o encausado, que deberá estar asistido de letrado por él elegido o designado de oficio, al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas (art. 505 LECrim).

Puesto el detenido a disposición del juez de instrucción o tribunal que deba conocer de la causa, este convoca una audiencia, salvo que decrete su libertad provisional sin fianza; debe celebrarse en el plazo más breve posible dentro de las 72 horas siguientes a la puesta del detenido a disposición judicial (art. 505 LECrim). En ella el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras pueden interesar la prisión provisional o la libertad provisional con fianza, y quienes concurran pueden realizar alegaciones y proponer medios de prueba practicables en el acto o dentro de esas 72 horas (art. 505 LECrim). El juez o tribunal decide sobre la procedencia o no de la prisión o de la imposición de la fianza y, si ninguna de las partes las insta, acuerda necesariamente la inmediata puesta en libertad del investigado o encausado que estuviere detenido (art. 505 LECrim). La medida está sujeta a plazos máximos legales (art. 504 LECrim) y solo subsiste mientras subsistan los motivos que la justificaron.

Cuando la prisión provisional se hubiera decretado en virtud de lo previsto en los párrafos a) o c) del apartado 1.3.º o en el apartado 2 del artículo anterior, su duración no podrá exceder de un año si el delito tuviere señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres años, o de dos años si la pena privativa de libertad señalada para el delito fuera superior a tres años.

Art. 504 LECrim · Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. · texto en el BOE

• Negar o debilitar los motivos bastantes para creer responsable criminalmente al investigado o encausado (art. 503 LECrim).
• Combatir el riesgo de fuga: la ley obliga a atender conjuntamente a la naturaleza del hecho, la gravedad de la pena que pudiera imponerse, la situación familiar, laboral y económica y la inminencia de la celebración del juicio oral (art. 503 LECrim).
• Mostrar que no hay peligro fundado y concreto de ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba, peligro que no puede inferirse únicamente del ejercicio del derecho de defensa ni de la falta de colaboración (art. 503 LECrim).
• Proponer la libertad provisional, con o sin fianza, como alternativa (art. 505 LECrim).
• Alegar que han dejado de subsistir los motivos que justificaron la adopción de la medida (art. 504 LECrim).

• Acudir a la audiencia sin documentación de arraigo familiar, laboral y económica preparada.
• No proponer alternativas concretas a la prisión, como la libertad provisional con fianza.
• Confundir la prisión provisional con una condena: no lo es, rige la presunción de inocencia (art. 24 CE).
• No reaccionar cuando cambian las circunstancias que sostenían la medida.

El penalista colegiado prepara la audiencia con prueba de arraigo, discute la concurrencia de los presupuestos y fines del art. 503 LECrim, ofrece alternativas menos gravosas y vigila los plazos máximos del art. 504 LECrim. JBH es una plataforma de intermediación jurídica que coordina con abogados especialistas colegiados independientes; la dirección del caso corresponde siempre a un colegiado habilitado. La libertad de la persona es siempre la prioridad de la defensa.

La interpretación de «prisión provisional» evoluciona con la doctrina de los tribunales. No reproducimos números de sentencia ni identificadores ECLI sin verificar: la jurisprudencia aplicable a un caso concreto debe localizarla y contrastarla un abogado colegiado en la fuente oficial. Puedes preparar tu estrategia de búsqueda en el CENDOJ con nuestro buscador de jurisprudencia asistido y validar cualquier referencia con el verificador de citas legales.

Sigue explorando

Información orientativa elaborada con fines divulgativos; no constituye asesoramiento jurídico ni crea relación profesional. Las referencias legales deben contrastarse con la normativa vigente (BOE) y la jurisprudencia con el CENDOJ. JBH es una plataforma de intermediación jurídica que coordina con abogados especialistas colegiados independientes; la dirección del caso corresponde siempre a un colegiado habilitado.