Orden de protección

La orden de protección (art. 544 ter LECrim) es la resolución judicial que dicta el Juez de Instrucción para las víctimas de violencia doméstica cuando existen indicios fundados de la comisión de un delito contra la vida, la integridad física o moral, la libertad sexual, la libertad o la seguridad de alguna de las personas mencionadas en el art. 173 CP (apartado 2) y resulta una situación objetiva de riesgo para la víctima. Confiere a la víctima un estatuto integral de protección que comprende medidas cautelares de orden civil y penal y aquellas otras medidas de asistencia y protección social establecidas en el ordenamiento jurídico.

El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal, resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en este artículo.

Art. 544 ter LECrim · Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. · texto en el BOE

Es una medida cautelar, esto es, provisional: se adopta para proteger a la víctima durante el proceso y no implica condena ni prejuzga la culpabilidad, que sigue amparada por la presunción de inocencia (art. 24 CE). Su incumplimiento puede constituir un delito de quebrantamiento (art. 468 CP).

Para acordar la orden de protección se exige, conforme al art. 544 ter LECrim:

• Indicios fundados de la comisión de un delito contra la vida, la integridad física o moral, la libertad sexual, la libertad o la seguridad de alguna de las personas del art. 173 CP (apartado 2).
• Una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en el artículo.
• Audiencia urgente ante el Juez de guardia, con convocatoria de la víctima o su representante legal, del solicitante, del presunto agresor (asistido, en su caso, de abogado) y del Ministerio Fiscal, que habrá de celebrarse en un plazo máximo de setenta y dos horas desde la presentación de la solicitud.

Las medidas cautelares de carácter penal podrán consistir en cualesquiera de las previstas en la legislación procesal criminal (art. 544 ter LECrim); entre ellas, la prohibición de residir o acudir a determinados lugares y la de aproximarse o comunicarse con determinadas personas (art. 544 bis LECrim); como penas, esas prohibiciones se regulan en el art. 48 CP. Las medidas de naturaleza civil (patria potestad, guarda y custodia, uso y disfrute de la vivienda familiar, régimen de visitas, alimentos) deben solicitarse por la víctima o su representante legal, o por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o personas con la capacidad judicialmente modificada, y tienen una vigencia temporal de treinta días. La orden se acuerda de oficio o a instancia de la víctima, de persona ligada a ella por alguna de las relaciones indicadas o del Ministerio Fiscal.

Se impondrá en todo caso la pena de prisión de seis meses a un año a los que quebrantaren una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza impuesta en procesos criminales en los que el ofendido sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, así como a aquellos que quebrantaren la medida de libertad vigilada.

Art. 468 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

La orden de protección se tramita con urgencia: la solicitud puede presentarse ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales, y ha de remitirse de forma inmediata al juez competente (art. 544 ter LECrim). El Juez de guardia convoca la audiencia urgente, adoptando las medidas oportunas para evitar la confrontación entre presunto agresor y víctima, y resuelve mediante auto sobre la solicitud y sobre el contenido y vigencia de las medidas. La adopción de las órdenes de protección corresponde también a las secciones con competencia en materia de violencia sobre la mujer, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez de guardia (art. 14 LECrim). La orden se notifica a las partes, se comunica a la víctima y a las Administraciones públicas competentes y se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género. Para situarte usa la guía de la fase procesal.

Para la víctima:

• Solicitarla con la documentación que evidencie el riesgo (partes, mensajes, testigos).
• Concretar las medidas penales, civiles y asistenciales necesarias, teniendo en cuenta que las civiles han de pedirse expresamente (art. 544 ter LECrim).

Para la defensa de la persona afectada por la medida:

• Oponerse de forma motivada discutiendo los indicios fundados y la situación objetiva de riesgo.
• Proponer medidas menos gravosas y proporcionadas, atendiendo a la situación económica, de salud, familiar y laboral del inculpado (art. 544 bis LECrim).
• Discutir en la comparecencia el contenido y la vigencia de las medidas, sobre los que el auto debe pronunciarse (art. 544 ter LECrim).
• Advertir del riesgo de quebrantamiento: una vez dictada, debe cumplirse escrupulosamente.

Cada posición la dirige un penalista colegiado.

• (Afectado) Confundir la orden con una condena: es una medida cautelar provisional.
• (Afectado) Incumplirla aunque no se esté de acuerdo con ella: el incumplimiento puede ser delito de quebrantamiento (art. 468 CP).
• Llegar a la audiencia urgente sin abogado (art. 118 LECrim).
• (Víctima) No aportar la documentación que acredita el riesgo.

Ante la rapidez del procedimiento, el penalista colegiado interviene de inmediato: si asiste a la víctima, articula la solicitud y la prueba del riesgo; si asiste a la persona afectada, se opone de forma motivada, propone medidas proporcionadas y discute su contenido y vigencia, advirtiendo siempre de que la orden debe cumplirse mientras esté vigente para evitar un quebrantamiento. JBH es una plataforma de intermediación jurídica que coordina con abogados especialistas colegiados independientes; la dirección del caso corresponde siempre a un colegiado habilitado.

La interpretación de «orden de protección» evoluciona con la doctrina de los tribunales. No reproducimos números de sentencia ni identificadores ECLI sin verificar: la jurisprudencia aplicable a un caso concreto debe localizarla y contrastarla un abogado colegiado en la fuente oficial. Puedes preparar tu estrategia de búsqueda en el CENDOJ con nuestro buscador de jurisprudencia asistido y validar cualquier referencia con el verificador de citas legales.

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