Desórdenes públicos

Los desórdenes públicos constituyen un conjunto de figuras delictivas recogidas en el Código Penal dentro de los delitos contra el orden público: el tipo de alteración de la paz pública actuando en grupo (art. 557 CP), la invasión u ocupación en grupo de determinados inmuebles (art. 557 bis CP), los daños que interrumpen servicios y suministros (art. 560 CP) y la simulación de situaciones de peligro para la comunidad (art. 561 CP). Su objeto de protección es la tranquilidad colectiva y el normal funcionamiento de los servicios que la ciudadanía necesita para desenvolverse con seguridad.

El legislador ha articulado varias modalidades de conducta: la ejecución, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, de actos de violencia o intimidación sobre personas o cosas, de obstaculización de vías públicas con peligro para la vida o la salud, o de invasión de instalaciones o edificios alterando gravemente servicios esenciales (art. 557 CP); la invasión u ocupación en grupo, contra la voluntad de su titular, del domicilio de una persona jurídica, despacho, oficina, establecimiento o local, causando una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal (art. 557 bis CP); y los daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o instalaciones de telecomunicaciones, la correspondencia postal, las vías férreas o las conducciones de agua, gas o electricidad (art. 560 CP).

Los arts. 557 CP y 557 bis CP fueron modificados por la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, con entrada en vigor el 12 de enero de 2023, lo que reconfiguró el contorno de estas figuras y avivó el debate sobre su relación con la libertad de expresión (art. 20 CE) y con el derecho de reunión pacífica y sin armas y de manifestación (art. 21 CE). La delimitación entre el ejercicio legítimo de esos derechos y la conducta típica es, por tanto, el núcleo de la controversia jurídica en este ámbito.

El tipo del apartado 1 del art. 557 CP requiere actuar en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecutando actos de violencia o intimidación sobre las personas o las cosas, obstaculizando las vías públicas con peligro para la vida o la salud de las personas, o invadiendo instalaciones o edificios con grave alteración del funcionamiento efectivo de servicios esenciales en esos lugares.

Elementos estructurales comunes:

• Violencia o intimidación: no basta la simple presencia en una concentración; el art. 557 CP exige ejecutar actos de violencia o intimidación sobre personas o cosas, o alguna de las conductas equivalentes que enumera.
• Afectación de la paz pública: el art. 557 CP exige el fin de atentar contra la paz pública y el art. 557 bis CP una perturbación relevante de la paz pública y de la actividad normal del inmueble.
• Finalidad típica: el art. 557 CP se construye sobre un elemento finalista —atentar contra la paz pública— que debe quedar acreditado.

El art. 557 bis CP, en su redacción vigente desde el 12 de enero de 2023, castiga a quienes, actuando en grupo, invadan u ocupen contra la voluntad de su titular el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, causando con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal, salvo que los hechos ya estuvieran castigados con pena más grave en otro precepto del Código Penal.

El art. 560 CP, por su parte, recoge conductas de daños que interrumpen, obstaculizan o destruyen líneas o instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal, daños en vías férreas o grave daño para la circulación ferroviaria, y daños en las conducciones o transmisiones de agua, gas o electricidad para las poblaciones interrumpiendo o alterando gravemente el suministro o servicio.

Las penas varían según la modalidad concreta y las circunstancias concurrentes:

• Tipo básico (art. 557 CP, apartado 1): prisión de seis meses a tres años para quienes, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación sobre personas o cosas, obstaculicen vías públicas ocasionando peligro para la vida o la salud, o invadan instalaciones o edificios alterando gravemente servicios esenciales.
• Modalidad agravada (art. 557 CP, apartado 2): prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando los hechos se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público; si los autores se hallan constituidos en autoridad, la inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años.
• Agravaciones por medios (art. 557 CP, apartado 3): las penas se imponen en su mitad superior a los intervinientes que porten instrumentos peligrosos o lleven a cabo actos de pillaje, y en un grado superior cuando se porten armas de fuego.
• Actos preparatorios (art. 557 CP, apartado 4): la provocación, la conspiración y la proposición respecto de los apartados 2 y 3 se castigan con las penas inferiores en uno o dos grados.
• Avalancha o estampida (art. 557 CP, apartado 5): prisión de seis meses a dos años a quien en lugar concurrido provoque avalancha, estampida u otra reacción análoga que ponga en situación de peligro la vida o la salud de las personas.
• Invasión u ocupación en grupo (art. 557 bis CP): prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, salvo que los hechos estén castigados con pena más grave en otro precepto.
• Daños en telecomunicaciones, correspondencia postal, vías férreas o conducciones de agua, gas o electricidad (art. 560 CP): prisión de uno a cinco años.
• Simulación de una situación de peligro con movilización de servicios de policía, asistencia o salvamento (art. 561 CP): prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.
• Contexto terrorista: cuando las conductas de los apartados 2 y 3 del art. 557 CP se cometan por una organización o grupo terrorista, o individualmente pero amparados en ellos, se impone la pena superior en grado (art. 573 bis CP).

1. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: a) Sobre las personas o las cosas; u b) obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o c) invadiendo instalaciones o edificios alterando gravemente el funcionamiento efectivo de servicios esenciales en esos lugares.

Art. 557 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

Las penas señaladas se imponen sin perjuicio de las que correspondan a los actos concretos de lesiones, amenazas, coacciones o daños que se hubieran llevado a cabo (art. 557 CP). Además, la ejecución de un hecho descrito como delito obliga a reparar los daños y perjuicios causados (art. 109 CP), reparación que comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales (art. 110 CP); toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios (art. 116 CP).

Los desórdenes públicos se tramitan ordinariamente a través del procedimiento abreviado, aplicable al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años (art. 757 LECrim). El conocimiento y fallo corresponde a la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia —Juzgado de lo Penal— cuando la ley señale pena privativa de libertad no superior a cinco años, y a la Audiencia Provincial en los demás casos (art. 14 LECrim). Si el proceso se incoa en virtud de atestado policial y concurre flagrancia u otra de las circunstancias legalmente previstas, puede seguirse el procedimiento para el enjuiciamiento rápido (art. 795 LECrim), con posibilidad de sentencia de conformidad ante el juzgado de guardia (art. 801 LECrim).

Fases habituales:

1. Atestado policial e identificación: las fuerzas de seguridad levantan atestado e identifican a los participantes —en muchas ocasiones mediante grabaciones de vídeo, cámaras de seguridad y fotografías—. Si hay detención, la persona detenida debe ser informada de sus derechos, entre ellos el de guardar silencio y el de designar abogado, y la detención no puede durar más del tiempo estrictamente necesario, con un máximo de setenta y dos horas hasta la puesta en libertad o a disposición judicial (art. 520 LECrim). En su caso, puede acordarse prisión provisional cuando concurran los requisitos del art. 503 LECrim.
2. Diligencias previas / instrucción: corresponde a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido en que el delito se hubiere cometido (art. 14 LECrim). El investigado puede ejercer su derecho de defensa desde que se le comunica la existencia del procedimiento, examinar las actuaciones con anterioridad a que se le tome declaración y designar libremente abogado (art. 118 LECrim). En hechos colectivos, la instrucción puede prolongarse por la dificultad de individualizar conductas.
3. Escrito de acusación y apertura de juicio oral: el Ministerio Fiscal y, en su caso, la acusación particular, formulan acusación concretando los hechos atribuidos a cada encausado. La especificidad de los cargos individuales es un punto crítico de la defensa.
4. Juicio oral: se practica la prueba ante el órgano enjuiciador. La prueba videográfica y fotográfica ocupa un lugar central; la defensa puede cuestionar la identificación y el origen de esas grabaciones.
5. Sentencia y recursos: contra la sentencia caben los recursos previstos en la ley procesal.

La defensa en supuestos de desórdenes públicos presenta peculiaridades muy relevantes derivadas del carácter colectivo de los hechos y de la frecuente vinculación con el ejercicio de derechos fundamentales.

Principales líneas de defensa:

• Falta de identificación individualizada: el art. 557 CP exige atribuir a cada persona la ejecución de actos concretos de violencia o intimidación, por lo que impugnar la identificación del investigado como autor de esos actos es, en muchos casos, la estrategia central.
• Ausencia del acto típico: acreditar que el acusado estaba presente en el lugar pero no ejecutó ninguna de las conductas descritas en el art. 557 CP, limitándose a ejercer el derecho de reunión pacífica y sin armas (art. 21 CE), puede conducir a la absolución.
• Intervención en la prueba: el abogado interviene en las diligencias de declaración del detenido, de reconocimiento y de reconstrucción de hechos, y puede solicitar la consignación en el acta de cualquier incidencia ocurrida durante su práctica (art. 520 LECrim), además de examinar las actuaciones (art. 118 LECrim) y cuestionar la calidad y el origen de las grabaciones y la fiabilidad de los reconocimientos, incluida la cadena de custodia.
• Ejercicio legítimo de un derecho fundamental: la libertad de expresión (art. 20 CE) y el derecho de reunión pacífica y sin armas, que no necesita autorización previa (art. 21 CE), se conectan con la eximente de obrar en el ejercicio legítimo de un derecho (art. 20 CP).
• Error: el error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción excluye la responsabilidad criminal, y también el error invencible sobre la ilicitud del hecho; si el error sobre la ilicitud es vencible, se aplica la pena inferior en uno o dos grados (art. 14 CP).
• Atenuantes: si la autoría es indiscutible, pueden explorarse la atenuante de reparación del daño, la confesión antes de conocer que el procedimiento se dirige contra el culpable o la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación (art. 21 CP), con la incidencia que las reglas de aplicación de la pena les reconocen (art. 66 CP).
• Grado de ejecución: son punibles el delito consumado y la tentativa (art. 15 CP), y queda exento de responsabilidad por el delito intentado quien evita voluntariamente la consumación (art. 16 CP).

Dar por hecho que la mera presencia resuelve el caso: el art. 557 CP describe conductas concretas ejecutadas en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, de modo que lo decisivo es qué actos se atribuyen en el atestado a cada persona, extremo que conviene analizar desde el primer momento en lugar de confiar en que «yo solo estaba allí».

No conservar pruebas de descargo inmediatamente: grabaciones propias del momento, mensajes, geolocalización de dispositivos o testimonios de personas que puedan acreditar la conducta del investigado son elementos que suelen perderse si no se aseguran en los primeros días tras los hechos.

Declarar sin asistencia letrada: la persona detenida tiene derecho a guardar silencio, a no declarar contra sí misma y a designar abogado, y puede entrevistarse reservadamente con él incluso antes de declarar ante la policía, el fiscal o la autoridad judicial (art. 520 LECrim); el derecho a no declarar forma parte del derecho de defensa que se ejerce desde que se comunica la existencia del procedimiento (art. 118 LECrim).

Ignorar las consecuencias accesorias: la modalidad agravada del art. 557 CP lleva aparejada inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo que la prisión, e inhabilitación absoluta de seis a ocho años si los autores se hallan constituidos en autoridad; además, subsiste la obligación de reparar los daños y perjuicios causados (art. 109 CP) y los antecedentes penales solo se cancelan una vez transcurridos los plazos del art. 136 CP.

Un abogado especialista colegiado que asuma la defensa en un caso de desórdenes públicos comenzará por analizar minuciosamente el atestado policial y las diligencias de identificación: la solidez o debilidad de la atribución de actos concretos es el eje sobre el que pivota la mayor parte de estas causas. Para ello examinará las actuaciones con la debida antelación y, en todo caso, antes de que se tome declaración a su cliente (art. 118 LECrim).

De forma paralela, el penalista evaluará si la conducta atribuida al cliente encaja realmente en las descripciones del art. 557 CP o del art. 557 bis CP y si cabe invocar la eximente de obrar en el ejercicio legítimo de un derecho (art. 20 CP) en conexión con la libertad de expresión (art. 20 CE) y con el derecho de reunión pacífica y sin armas (art. 21 CE).

En la fase de instrucción, el letrado velará por la práctica de las diligencias de descargo y por su intervención en las declaraciones, reconocimientos y reconstrucciones de hechos (art. 520 LECrim). Si la prueba es sólida, articulará una estrategia orientada a minimizar las consecuencias: la conformidad ante el juzgado de guardia, que permite imponer la pena solicitada reducida en un tercio dentro de los límites del art. 801 LECrim, las atenuantes del art. 21 CP y, en su caso, la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad conforme al art. 80 CP. Para cualquier persona investigada o acusada por este delito, la coordinación a través de una plataforma como JBH permite acceder a un penalista colegiado desde las primeras diligencias.

La interpretación de «desórdenes públicos» evoluciona con la doctrina de los tribunales. No reproducimos números de sentencia ni identificadores ECLI sin verificar: la jurisprudencia aplicable a un caso concreto debe localizarla y contrastarla un abogado colegiado en la fuente oficial. Puedes preparar tu estrategia de búsqueda en el CENDOJ con nuestro buscador de jurisprudencia asistido y validar cualquier referencia con el verificador de citas legales.

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