Delito de odio

El delito de odio (art. 510 CP) protege la dignidad y la igualdad de grupos vulnerables frente al discurso y las conductas que los toman como diana. Castiga, en síntesis:

• Fomentar, promover o incitar públicamente, directa o indirectamente, al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad (art. 510 CP).
• Producir, elaborar, distribuir o difundir materiales idóneos para ello, y las conductas de humillación, menosprecio o descrédito de esos grupos, así como el enaltecimiento o justificación de delitos cometidos contra ellos y la negación o trivialización grave de delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (art. 510 CP).

No debe confundirse con la agravante genérica de cometer cualquier delito por motivos discriminatorios (art. 22 CP, circunstancia 4.ª), que endurece la pena de otro delito (unas lesiones, unas amenazas), ni con el uso coloquial: no todo insulto es delito de odio; el tipo exige idoneidad lesiva y motivación discriminatoria contra colectivos protegidos.

• Conducta con proyección pública: incitación, fomento o difusión con capacidad de alcanzar a terceros; el ámbito típico actual son las redes sociales, con agravación expresa cuando los hechos se llevan a cabo a través de un medio de comunicación social, por internet o mediante tecnologías de la información, de modo que se hagan accesibles a un elevado número de personas (art. 510 CP).
• Motivación discriminatoria referida a los motivos legalmente enumerados en el art. 510 CP, que se cierra con una fórmula abierta («u otros referentes a la ideología, religión o creencias…»).
• Idoneidad lesiva: el propio art. 510 CP exige que los materiales sean idóneos para fomentar el odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia, o para lesionar la dignidad por representar una grave humillación; el mal gusto, la crítica áspera o la sátira ofensiva no bastan por sí solos.
• Dolo: conciencia y voluntad del mensaje y de su capacidad lesiva.
• Vulnerabilidad del sujeto pasivo: se protege tanto al grupo como a la persona individual atacada por su pertenencia al grupo.

La condena puede acarrear, además de la pena principal, la destrucción, borrado o inutilización de los soportes y la retirada de los contenidos cuando el delito se cometió a través de tecnologías de la información, así como el bloqueo del acceso al portal o servicio que los difunda de forma exclusiva o preponderante, y la inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre (art. 510 CP).

El art. 510 CP establece un sistema escalonado: las conductas de incitación, fomento y difusión de materiales, y la negación, trivialización grave o enaltecimiento de los delitos de genocidio o de lesa humanidad cuando promuevan un clima de violencia, se castigan con prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses; las de humillación, menosprecio o descrédito y el enaltecimiento o justificación de delitos cometidos contra esos grupos, con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses (que pasan a uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación). Las penas se imponen en su mitad superior si los hechos se difunden por medios de comunicación, internet o tecnologías de la información accesibles a un elevado número de personas, y también cuando resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor en el grupo, supuesto en el que pueden elevarse hasta la superior en grado. Se impone además la inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta, y se acuerda la destrucción o retirada de los contenidos.

1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses: a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad.

Art. 510 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

En abstracto: agravan el alcance de la difusión, la reiteración, la posición de influencia del autor y la conexión con climas de violencia real; favorecen una respuesta menor el alcance ínfimo del mensaje, el contexto (arrebato u obcecación, art. 21 CP), la retirada voluntaria y la reparación del daño (art. 21 CP), incluida la retractación pública; las atenuantes y agravantes se valoran conforme a las reglas de individualización del art. 66 CP. Cuando el motivo discriminatorio acompaña a otro delito, opera como agravante de aquel (art. 22 CP, circunstancia 4.ª) en lugar de generar un delito autónomo. Toda cifra debe confirmarse contra el BOE vigente y con un abogado especialista colegiado. Sobre los plazos, consulta la prescripción del delito (art. 131 CP).

Líneas de defensa habituales, en abstracto:

• Libertad de expresión: deslindar el discurso ofensivo, la crítica áspera, el humor o la sátira de la incitación con riesgo real de hostilidad o violencia; es el eje de la mayoría de estos procedimientos.
• Falta de idoneidad lesiva: mensajes de alcance ínfimo, contextos cerrados o expresiones hiperbólicas sin capacidad real de generar hostilidad.
• Ausencia de motivación discriminatoria: conflictos personales o discusiones genéricas que la denuncia reinterpreta como ataque al colectivo; el motivo debe probarse, conforme a la presunción de inocencia (art. 24 CE).
• Motivo no comprendido entre los enumerados en el art. 510 CP.
• Cuestionar la autoría digital: cuentas compartidas, suplantaciones o capturas manipuladas exigen prueba técnica sólida de quién publicó qué.
• Retirada voluntaria y retractación tempranas, valorables en la individualización de la pena (art. 66 CP) y en salidas pactadas como la conformidad.

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La interpretación de «delito de odio» evoluciona con la doctrina de los tribunales. No reproducimos números de sentencia ni identificadores ECLI sin verificar: la jurisprudencia aplicable a un caso concreto debe localizarla y contrastarla un abogado colegiado en la fuente oficial. Puedes preparar tu estrategia de búsqueda en el CENDOJ con nuestro buscador de jurisprudencia asistido y validar cualquier referencia con el verificador de citas legales.

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