Delitos contra los derechos de los trabajadores

El Código Penal agrupa varias figuras:

• Imposición de condiciones ilegales (art. 311 CP): imponer, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual; incluye dar ocupación simultánea a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social o sin autorización de trabajo cuando se alcanzan los porcentajes que fija el propio art. 311 CP.
• Tráfico ilegal de mano de obra y reclutamiento engañoso (art. 312 CP), y el empleo de súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan sus derechos.
• Discriminación grave en el empleo (art. 314 CP) y conductas que impidan o limiten el ejercicio de la libertad sindical o del derecho de huelga (art. 315 CP).
• Delito contra la seguridad de los trabajadores (arts. 316-317 CP): estando legalmente obligado, no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, poniendo en peligro grave su vida, salud o integridad física; cabe la comisión por imprudencia grave (art. 317 CP).

El art. 318 CP atribuye la responsabilidad, cuando los hechos se atribuyen a personas jurídicas, a los administradores o encargados del servicio responsables y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no adoptaron medidas para ello; además, la autoridad judicial podrá decretar alguna de las medidas previstas en el art. 129 CP.

Aunque cada figura tiene sus requisitos, hay elementos recurrentes:

• En el art. 311 CP, los medios comisivos son esenciales: engaño o abuso de situación de necesidad. Sin ese plus no se colma el tipo del apartado 1.º.
• El perjuicio debe recaer sobre derechos reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual (arts. 311 y 312 CP).
• En el delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 CP) se exige: infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, estar legalmente obligado, no facilitar los medios necesarios para trabajar con las medidas de seguridad e higiene adecuadas y peligro grave para la vida, salud o integridad física.
• Es un delito de peligro: el art. 316 CP castiga la puesta en peligro grave, sin exigir que llegue a producirse un resultado lesivo.

Algunos tipos toman en cuenta la previa intervención administrativa: el art. 311 CP castiga mantener condiciones ilegales en contra de requerimiento o sanción administrativa, y el art. 314 CP exige que no se restablezca la situación de igualdad tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos derivados.

El art. 311 CP castiga la imposición de condiciones ilegales con prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses, imponiéndose las penas superiores en grado si los hechos se llevan a cabo con violencia o intimidación. El tráfico ilegal de mano de obra y las conductas asimiladas (art. 312 CP) se castigan con prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses. La discriminación grave en el empleo (art. 314 CP) se castiga con prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses, y los atentados contra la libertad sindical o el derecho de huelga (art. 315 CP) con prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses, y con prisión de un año y nueve meses hasta tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses si median coacciones. El delito doloso contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 CP) se castiga con prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, con la pena inferior en grado en la modalidad de imprudencia grave (art. 317 CP).

Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses: 1.º Los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

Art. 311 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Art. 316 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

A ello se añaden la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados, que comprende restitución, reparación del daño e indemnización de perjuicios materiales y morales (arts. 109, 110 y 116 CP), las medidas del art. 129 CP a las que remite el art. 318 CP y el decomiso ampliado previsto para los delitos contra los derechos de los trabajadores de los artículos 311 a 313 (art. 127 bis CP). La concreta extensión de la pena se fija conforme a las reglas del art. 66 CP. Todas las cifras son orientativas y el marco concreto debe contrastarse con el texto vigente del BOE.

En estos delitos, dirigidos casi siempre contra empresarios, administradores o mandos, la defensa suele trabajar sobre:

• Discutir los medios comisivos: sin engaño ni abuso de situación de necesidad acreditados no concurre el tipo del art. 311 CP.
• Delimitar la posición de garante: en estructuras empresariales complejas, acreditar quién era administrador o encargado del servicio responsable y quién, conociendo los hechos, pudo remediarlos (art. 318 CP), evitando imputaciones automáticas por el cargo.
• Acreditar que sí se facilitaron los medios necesarios para que los trabajadores desempeñaran su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, lo que excluye la conducta típica del art. 316 CP.
• Cuestionar el peligro grave para la vida, salud o integridad física que exige el art. 316 CP.
• Negociar la conformidad con reparación del daño a la víctima, que puede operar como atenuante (art. 21.5.ª CP) y tramitarse en su caso conforme al art. 801 LECrim, buscando penas que permitan la suspensión de la pena (art. 80 CP).

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