Atentado y resistencia a la autoridad

El atentado (art. 550 CP) castiga a quien agrede, acomete o, con intimidación grave o violencia, opone resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o a funcionarios públicos, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. El propio art. 550 CP considera en todo caso actos de atentado los cometidos contra funcionarios docentes o sanitarios en el ejercicio de las funciones propias de su cargo o con ocasión de ellas.

Junto a él conviven figuras distintas y de menor gravedad:

• La resistencia y la desobediencia grave (art. 556 CP), reservada a quienes, sin estar comprendidos en el art. 550 CP, resisten o desobedecen gravemente a la autoridad o sus agentes.
• La protección se extiende, con las mismas penas, a los miembros de las Fuerzas Armadas que, vistiendo uniforme, prestan un servicio legalmente encomendado, a quienes acuden en auxilio de la autoridad, a bomberos, personal sanitario o equipos de socorro que intervienen con ocasión de un siniestro, calamidad pública o situación de emergencia, y al personal de seguridad privada debidamente identificado (art. 554 CP).

La frontera entre atentado, resistencia y desobediencia —y con la simple infracción administrativa— es el terreno donde se decide la mayoría de estos procedimientos, con enorme diferencia de pena entre una y otra calificación.

• Sujeto pasivo cualificado: autoridad, agente o funcionario público —incluidos los funcionarios docentes o sanitarios (art. 550 CP)— o los colectivos equiparados del art. 554 CP, en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.
• Ejercicio legítimo: la actuación del agente debe estar dentro de la legalidad; la extralimitación (uso desproporcionado de la fuerza, actuación fuera de sus funciones) puede excluir la protección penal reforzada, cuestión que se valora caso a caso.
• Conducta típica: acometimiento o agresión, empleo de violencia, o intimidación grave o resistencia grave; las oposiciones de menor entidad se reconducen a la resistencia o desobediencia del art. 556 CP.
• Dolo: conocimiento de la condición de agente o funcionario y voluntad de realizar la conducta; el error sobre un hecho constitutivo de la infracción se rige por el art. 14 CP.

Si del hecho derivan lesiones al agente, la reparación de los daños y perjuicios causados se rige por la responsabilidad civil derivada del delito (arts. 109, 110 y 116 CP).

El art. 550 CP castiga el atentado con prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si es contra autoridad, y con prisión de seis meses a tres años en los demás casos; si la autoridad es miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso, del Senado o de las Asambleas Legislativas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, la pena es de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses. El art. 551 CP impone las penas superiores en grado cuando se hace uso de armas u otros objetos peligrosos, cuando la violencia resulta potencialmente peligrosa para la vida o puede causar lesiones graves, cuando se acomete haciendo uso de un vehículo de motor o cuando los hechos se cometen con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario. El art. 554 CP aplica esas mismas penas a los colectivos que enumera. La resistencia o desobediencia grave del art. 556 CP se castiga con prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, y faltar al respeto y consideración debida a la autoridad, con multa de uno a tres meses.

Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.

Art. 550 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

En abstracto: agravan la respuesta penal el uso de armas u objetos peligrosos y la violencia potencialmente peligrosa para la vida o susceptible de causar lesiones graves (art. 551 CP); favorecen la calificación menos grave la levedad de la oposición y el contexto. Las reglas de individualización según atenuantes y agravantes están en el art. 66 CP, y la posible suspensión de la pena de prisión, en el art. 80 CP. Toda calificación debe contrastarse con el texto vigente y con un penalista colegiado. Sobre plazos, consulta la prescripción del delito (art. 131 CP).

Líneas de defensa habituales, en abstracto:

• Recalificación: sostener que la conducta no alcanza el acometimiento ni la resistencia grave propia del atentado y debe calificarse, a lo sumo, como resistencia o desobediencia del art. 556 CP, con pena muy inferior.
• Extralimitación del agente: analizar si la actuación policial fue legítima y proporcionada; la actuación fuera del ejercicio legítimo de las funciones puede alterar la calificación (art. 20 CP).
• Ausencia de dolo: desconocimiento de la condición de agente (intervenciones de paisano) o reacción refleja sin voluntad de agredir, con el régimen del error del art. 14 CP.
• Control de la prueba: grabaciones propias y de terceros, testigos ajenos al atestado, partes de lesiones de ambas partes; el atestado policial no es prueba irrefutable y rige la presunción de inocencia (art. 24 CE).
• Valorar la conformidad cuando la prueba sea sólida (art. 801 LECrim).

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