Trato degradante

El trato degradante constituye una de las modalidades de los delitos contra la integridad moral. Su fundamento constitucional arranca del art. 15 CE, que reconoce el derecho a la integridad física y moral y establece que en ningún caso se podrá someter a nadie a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

El tipo básico está recogido en el apartado 1 del art. 173 CP, que castiga a quien infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral. El precepto protege así un bien jurídico autónomo —la integridad moral— frente a conductas de humillación, vejación o envilecimiento.

El art. 173 CP exige que el menoscabo de la integridad moral sea grave, lo que delimita el tipo frente a conductas de menor entidad. El propio art. 173 CP contempla, con la misma pena, otras conductas que «sin llegar a constituir trato degradante» consisten en actos hostiles o humillantes reiterados: los realizados en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial prevaliéndose de una relación de superioridad y los dirigidos a impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

Para que una conducta sea penalmente relevante como trato degradante deben concurrir los siguientes elementos:

1. Acción u omisión activa: La conducta puede consistir en actos físicos, verbales, simbólicos o en una prolongada situación de sometimiento. El art. 173 CP describe el tipo básico sin exigir reiteración, a diferencia de otras modalidades del mismo precepto que sí requieren que los actos hostiles o humillantes se realicen de forma reiterada.

2. Afectación grave de la integridad moral: El art. 173 CP exige que el menoscabo de la integridad moral sea grave. No basta con cualquier ofensa o humillación ordinaria: la valoración atiende a la duración, la intensidad y los efectos de la conducta sobre la víctima.

3. Dolo: El tipo requiere la conciencia y voluntad de someter a la víctima a un trato degradante. El error sobre un hecho constitutivo de la infracción penal se rige por el art. 14 CP: si es invencible excluye la responsabilidad criminal y, si es vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente.

4. Ausencia de causas de exención: No hay responsabilidad criminal cuando concurre alguna de las eximentes del art. 20 CP, entre ellas obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

5. Sujeto pasivo: El delito puede cometerse contra cualquier persona. El art. 23 CP prevé como circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad el hecho de ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ascendiente, descendiente o hermano del ofensor. El apartado 2 del art. 173 CP prevé un tipo específico para quien ejerza habitualmente violencia física o psíquica sobre las personas allí enumeradas, incluidas las que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.

El apartado 1 del art. 173 CP castiga el trato degradante con pena de prisión de seis meses a dos años. Cuando, conforme al art. 31 bis CP, una persona jurídica sea responsable de estos delitos, se le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años y, atendidas las reglas del art. 66 bis CP, podrán imponerse además las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33 CP. Por su duración, el enjuiciamiento corresponde a la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia para los delitos con pena privativa de libertad no superior a cinco años (art. 14 LECrim), por el cauce del procedimiento abreviado, aplicable a los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años (art. 757 LECrim).

El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

Art. 173 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

El apartado 2 del art. 173 CP castiga con prisión de seis meses a tres años y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años a quien ejerza habitualmente violencia física o psíquica sobre las personas que enumera; además, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o de la persona con discapacidad necesitada de especial protección, puede imponer la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años. Las penas se imponen en su mitad superior cuando los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, utilizando armas, en el domicilio común o en el de la víctima, o quebrantando una pena de las contempladas en el art. 48 CP o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

Además de la pena principal, en los delitos contra la integridad moral las autoridades judiciales pueden acordar en sentencia las prohibiciones del art. 48 CP —privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, prohibición de aproximarse y prohibición de comunicarse con la víctima— en los términos y plazos del art. 57 CP. La ejecución del hecho obliga también a reparar los daños y perjuicios causados (art. 109 CP), responsabilidad que comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales (art. 110 CP), de la que responde toda persona criminalmente responsable (art. 116 CP). La individualización de la pena se realiza conforme a las reglas del art. 66 CP.

Denuncia e investigación inicial: El proceso arranca habitualmente con la denuncia de la víctima o de un tercero ante la policía, la Fiscalía o el Juzgado de Instrucción. El atestado policial recoge las primeras diligencias: declaración de la víctima, identificación de testigos, recogida de evidencias (mensajes, imágenes, informes médicos o psicológicos). Cuando concurren indicios de un delito contra la integridad moral respecto de las personas mencionadas en el art. 173.2 CP y una situación objetiva de riesgo, el juez puede dictar orden de protección (art. 544 ter LECrim) o imponer cautelarmente las prohibiciones de residir, acudir a determinados lugares, aproximarse o comunicarse del art. 544 bis LECrim.

Instrucción: La instrucción de las causas corresponde a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido en que el delito se hubiere cometido o, en los supuestos que enumera, a las secciones con competencia en materia de violencia sobre la mujer o de violencia contra la infancia y la adolescencia (art. 14 LECrim), que conocen entre otros de la instrucción por delitos contra la integridad moral. Entre las actuaciones habituales figuran la exploración médico-forense de la víctima, la pericial psicológica y la declaración del investigado, que puede ejercer su derecho de defensa desde que se le comunique la existencia del procedimiento, con derecho a designar abogado, a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo (art. 118 LECrim y art. 24 CE).

Juicio oral: Se celebra ante la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia cuando la ley señale al delito pena privativa de libertad no superior a cinco años, y ante la Audiencia Provincial de la circunscripción donde el delito se haya cometido en los demás casos (art. 14 LECrim). Es el momento central de la actividad probatoria.

Sentencia y ejecución: Una vez dictada sentencia condenatoria, la ejecución comprende el cumplimiento de la pena de prisión —que puede quedar en suspenso conforme al art. 80 CP—, el cumplimiento de las prohibiciones impuestas y el pago de la responsabilidad civil (art. 109 CP y art. 110 CP). El cumplimiento de la condena extingue la responsabilidad criminal (art. 130 CP).

La defensa de quien es investigado o acusado por trato degradante puede articularse desde distintos ángulos, dependiendo de las circunstancias concretas del caso:

Atipicidad de la conducta: La estrategia más frecuente consiste en demostrar que los hechos imputados no alcanzan el umbral de gravedad exigido por el art. 173 CP, que requiere un menoscabo grave de la integridad moral. Muchos supuestos que se denuncian como trato degradante son, en realidad, conductas descorteses, humillaciones puntuales o conflictos relacionales. La defensa puede apoyarse en prueba pericial psicológica para acreditar la ausencia de daño moral significativo.

Falta de dolo: Si la conducta fue consecuencia de un malentendido, de un estado emocional alterado sin intención de degradar, o del desconocimiento de que el comportamiento resultaría humillante para esa persona concreta, puede cuestionarse el elemento subjetivo del tipo, con las consecuencias que el art. 14 CP anuda al error sobre un hecho constitutivo de la infracción.

Licitud del contexto: En ciertos ámbitos —penitenciario, policial, militar— la defensa puede plantear la eximente del art. 20 CP consistente en obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, si bien los márgenes son estrechos dado el bien jurídico protegido.

Prueba de descargo: La contradicción o inconsistencia de la declaración de la víctima, la existencia de un conflicto previo con motivación espuria para la denuncia, o la acreditación de que determinados mensajes o actos han sido malinterpretados son elementos que la defensa debe explorar con rigor mediante el análisis documental, testifical y pericial.

Circunstancias modificativas de la responsabilidad: Cuando la responsabilidad es difícilmente rebatible, la estrategia puede orientarse a la apreciación de atenuantes del art. 21 CP —confesar la infracción a las autoridades antes de conocer que el procedimiento se dirige contra uno, reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos antes del juicio oral, o las eximentes incompletas del art. 20 CP, como la anomalía o alteración psíquica— con el fin de que la pena se aplique en la mitad inferior o incluso inferior en grado conforme al art. 66 CP, o de alcanzar una conformidad favorable.

Confundir trato degradante con ofensa o insulto ordinario. El art. 173 CP exige un menoscabo grave de la integridad moral. No toda expresión hiriente, trato desconsiderado o humillación puntual alcanza ese umbral, y denunciar conductas que no lo alcanzan puede conducir al sobreseimiento.

Creer que el delito requiere lesión física. El bien jurídico protegido es la integridad moral. No es necesario que existan signos físicos de maltrato: el daño moral puede acreditarse mediante informe psicológico, testimonio de la víctima y testigos, y prueba documental.

Subestimar la relevancia de la prueba digital. Mensajes de texto, correos electrónicos, audios de voz, vídeos y registros de redes sociales son con frecuencia la prueba más determinante en estos procedimientos. Tanto la acusación como la defensa deben cuidar la correcta obtención y preservación de la cadena de custodia.

Declarar sin asistencia letrada. El investigado tiene derecho a no declarar, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, así como a designar libremente abogado y a entrevistarse reservadamente con él incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial (art. 118 LECrim y art. 520 LECrim).

Ignorar la posibilidad de conformidad. El art. 801 LECrim permite que el acusado preste su conformidad ante el juzgado de guardia y que éste dicte sentencia de conformidad cuando concurren los requisitos que el precepto enumera, imponiendo la pena solicitada reducida en un tercio.

Un abogado especialista colegiado que asume la defensa o la acusación en un caso de trato degradante realiza, desde el primer momento, un análisis exhaustivo de los hechos para determinar si la conducta descrita supera el umbral de gravedad que exige el art. 173 CP. Esta valoración inicial es determinante: de ella depende la estrategia procesal completa.

En el lado de la defensa, el letrado examinará la solidez de la prueba de cargo —especialmente la pericial psicológica y la declaración de la víctima—, identificará contradicciones o vacíos probatorios y valorará si los hechos quedan o no al margen del tipo penal. También asesorará al cliente sobre el ejercicio de su derecho a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo en cada fase del procedimiento (art. 118 LECrim).

En el lado de la acusación particular, el penalista ayudará a la víctima a documentar el daño sufrido, a solicitar las diligencias de investigación pertinentes y a cuantificar de forma fundamentada la indemnización de perjuicios materiales y morales (art. 110 CP). Asimismo, en contextos de violencia en el ámbito del art. 173.2 CP, gestionará con urgencia la solicitud de la orden de protección y demás medidas cautelares (art. 544 ter LECrim y art. 544 bis LECrim).

A lo largo de todo el procedimiento, el abogado velará por el respeto a las garantías del art. 24 CE —presunción de inocencia, derecho de defensa y asistencia de letrado, tutela judicial efectiva— y evaluará en cada fase la conveniencia de alcanzar una solución negociada o de llegar al juicio oral con la estrategia probatoria más sólida posible. La coordinación con peritos psicológicos y forenses es habitual en este tipo de asuntos, dada la naturaleza del bien jurídico afectado.

La interpretación de «trato degradante» evoluciona con la doctrina de los tribunales. No reproducimos números de sentencia ni identificadores ECLI sin verificar: la jurisprudencia aplicable a un caso concreto debe localizarla y contrastarla un abogado colegiado en la fuente oficial. Puedes preparar tu estrategia de búsqueda en el CENDOJ con nuestro buscador de jurisprudencia asistido y validar cualquier referencia con el verificador de citas legales.

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