Acto administrativo y su eficacia

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Art. 39 LPACAP · Ley 39/2015 · texto en el BOE

Un acto administrativo es la decisión que dicta una Administración, de oficio o porque usted lo ha pedido. Debe dictarlo el órgano competente, ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido (art. 34 LPACAP). Su contenido tiene que ajustarse al ordenamiento jurídico y ser determinado y adecuado a los fines del propio acto (art. 34 LPACAP).

Ese acto se presume válido y produce efectos desde la fecha en que se dicta, salvo que en él se disponga otra cosa (art. 39 LPACAP). Además, los actos sujetos al Derecho Administrativo son ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la ley (art. 38 LPACAP). En la práctica esto quiere decir que el acto no espera a que usted esté de acuerdo: si quiere discutirlo, tiene que reaccionar.

• Regla general: el acto produce efectos desde la fecha en que se dicta, salvo que él mismo diga otra cosa (art. 39 LPACAP).
• Eficacia demorada: los efectos se retrasan cuando así lo exija el contenido del acto o cuando estén supeditados a su notificación, publicación o aprobación superior (art. 39 LPACAP).
• Eficacia retroactiva: solo de forma excepcional, cuando el acto se dicte en sustitución de otro anulado o cuando produzca efectos favorables al interesado, si los supuestos de hecho ya existían en la fecha a la que se retrotrae la eficacia y esta no lesiona derechos o intereses legítimos de otras personas (art. 39 LPACAP).
• Los actos dictados por un órgano en el ejercicio de su propia competencia deben ser observados por el resto de órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración (art. 39 LPACAP).

Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.

Art. 35 LPACAP · Ley 39/2015 · texto en el BOE

• Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos (art. 35 LPACAP).
• Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje, y los que declaren su inadmisión (art. 35 LPACAP).
• Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos (art. 35 LPACAP).
• Los acuerdos de suspensión de actos y la adopción de medidas provisionales (art. 35 LPACAP).
• Los acuerdos de tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias (art. 35 LPACAP).
• Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados (art. 35 LPACAP).
• Las propuestas de resolución en procedimientos sancionadores y los actos que resuelvan procedimientos sancionadores o de responsabilidad patrimonial (art. 35 LPACAP).
• Los actos dictados en el ejercicio de potestades discrecionales y aquellos que deban motivarse por disposición legal o reglamentaria expresa (art. 35 LPACAP).

1. Mire qué órgano lo dicta El acto debe proceder del órgano competente y haberse producido ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido (art. 34 LPACAP). Anote el órgano y la fecha del acto.
2. Compruebe desde cuándo produce efectos Lea si el propio acto dispone otra cosa sobre su eficacia o si esta queda supeditada a notificación, publicación o aprobación superior (art. 39 LPACAP).
3. Revise la motivación Si su acto está en la lista del art. 35 LPACAP, debe expresar, con sucinta referencia, los hechos y los fundamentos de derecho. Si no los expresa, déjelo señalado por escrito.
4. No dé por hecho que se paraliza solo El acto es ejecutivo con arreglo a lo dispuesto en la ley (art. 38 LPACAP). Si quiere que deje de producir efectos mientras lo discute, tendrá que pedirlo.
5. Consulte con un abogado colegiado Un abogado colegiado puede revisar el contenido del acto y decirle qué vía de reacción encaja en su caso y con qué margen de tiempo.