Fraude de subvenciones

El fraude de subvenciones es un delito socioeconómico recogido en el art. 308 CP que sanciona la obtención de subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido, así como la aplicación de fondos públicos a fines distintos de aquellos para los que la subvención o ayuda fue concedida.

El art. 308 CP tipifica conductas de perfil propio: no solo la obtención mediante falseamiento u ocultación, sino también el desvío posterior de fondos correctamente concedidos. Además, el art. 308 CP prevé que el reintegro impida que se persiga al sujeto por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, hubiera podido cometer con carácter previo a la regularización de su situación.

El ámbito de aplicación es amplio: el art. 308 CP se refiere a quien obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, sin distinguir la clase de perceptor. Para determinar la cuantía se atiende al total de lo obtenido, defraudado o indebidamente aplicado, con independencia de si procede de una o de varias Administraciones Públicas conjuntamente (art. 308 CP).

El art. 308 CP describe las conductas típicas, que pueden agruparse en tres bloques:

1. Obtención falseando las condiciones: Consiste en obtener subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, en una cantidad o por un valor superior a cien mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión (art. 308 CP).

2. Ocultación de las condiciones impeditivas: El art. 308 CP equipara al falseamiento la ocultación de las condiciones que hubiesen impedido la concesión de la subvención o ayuda.

3. Desvío de fondos: Aplicar, en el desarrollo de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos de las Administraciones públicas, incluida la Unión Europea, esos fondos en una cantidad superior a cien mil euros a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida (art. 308 CP).

Desde el punto de vista de los elementos típicos, se requiere: (a) que exista una subvención o ayuda pública; (b) que la cuantía obtenida, defraudada o aplicada indebidamente exceda de diez mil euros, pues por debajo de esa cifra la conducta queda fuera del art. 308 CP, computándose el total con independencia de si procede de una o varias Administraciones; y (c) dolo, esto es, conciencia y voluntad de falsear, ocultar o aplicar los fondos a fines distintos.

El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal y, si fuera vencible, la infracción se castiga en su caso como imprudente; el error invencible sobre la ilicitud del hecho también excluye la responsabilidad y, si es vencible, se aplica la pena inferior en uno o dos grados (art. 14 CP). Son punibles tanto el delito consumado como la tentativa (art. 15 CP).

Pena de prisión y multa: Cuando la cantidad obtenida o aplicada indebidamente supera los cien mil euros, el art. 308 CP castiga la conducta con pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe, salvo que se lleve a cabo el reintegro previsto en el propio artículo.

El que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, en una cantidad o por un valor superior a cien mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe, salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 6.

Art. 308 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

Tipo atenuado por cuantía: Si la cuantía obtenida, defraudada o aplicada indebidamente no supera los cien mil euros pero excede de diez mil, se impone pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía, junto con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años, salvo que se lleve a cabo el reintegro (art. 308 CP).

Penas accesorias y reintegro: Además de las penas señaladas, se impone al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años (art. 308 CP). Procede también el decomiso de los efectos y de las ganancias provenientes del delito (art. 127 CP) y la responsabilidad civil, que comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales (arts. 109, 110 y 116 CP). La existencia del procedimiento penal no impide que la Administración competente exija el reintegro por vía administrativa ni paraliza su acción de cobro (art. 308 CP).

Fase de investigación (instrucción): La instrucción de la causa corresponde a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido en que el delito se hubiere cometido (art. 14 LECrim). Desde que se le comunica la existencia del procedimiento, la persona a quien se atribuye el hecho punible puede ejercitar su derecho de defensa, ser informada de los hechos que se le atribuyen, examinar las actuaciones con la debida antelación, designar abogado y guardar silencio (art. 118 LECrim). En esta fase es frecuente la intervención de peritos contables para cuantificar el importe obtenido o aplicado indebidamente. La prisión provisional solo puede decretarse si concurren los requisitos del art. 503 LECrim.

Fase intermedia: El procedimiento abreviado se aplica al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años (art. 757 LECrim), cauce en el que encajan las modalidades del art. 308 CP. El conocimiento y fallo corresponde al Juzgado de lo Penal —Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia— cuando la pena privativa de libertad señalada no es superior a cinco años y, en los demás casos, a la Audiencia Provincial (art. 14 LECrim).

Juicio oral: Las pruebas clave suelen ser documentales y periciales. La acusación deberá acreditar el falseamiento, la ocultación o la aplicación a fines distintos y la cuantía. La conformidad penal ante el juzgado de guardia exige que no se haya constituido acusación particular, que los hechos estén castigados con pena de hasta tres años de prisión, con multa cualquiera que sea su cuantía o con otra pena de distinta naturaleza cuya duración no exceda de diez años, y que la pena solicitada, reducida en un tercio, no supere los dos años de prisión (art. 801 LECrim).

Ausencia de dolo: La principal línea de defensa consiste en acreditar que el acusado no falseó ni ocultó condiciones conscientemente. El error sobre un hecho constitutivo de la infracción penal, cuando es invencible, excluye la responsabilidad criminal y, si es vencible, la infracción se castiga en su caso como imprudente (art. 14 CP).

Atipicidad por cuantía: Si el importe obtenido, defraudado o aplicado indebidamente no excede de diez mil euros, la conducta queda fuera del art. 308 CP. La defensa revisará minuciosamente la cuantificación realizada por la acusación o por los peritos, teniendo en cuenta que se atiende al total con independencia de si procede de una o varias Administraciones Públicas (art. 308 CP), pues errores de metodología pueden situar la cifra por debajo del umbral típico o en el tipo atenuado.

Control de la prueba y del derecho de defensa: En investigaciones complejas que combinan actuaciones administrativas y penales, la defensa debe verificar que el investigado ha sido informado de los hechos y de sus derechos y que ha podido examinar las actuaciones con la debida antelación y, en todo caso, antes de declarar (art. 118 LECrim). Las comunicaciones entre el investigado y su abogado tienen carácter confidencial.

Reintegro y atenuantes: El reintegro regulado en el art. 308 CP, realizado en plazo, excluye la pena. Aun después, los jueces y tribunales pueden imponer la pena inferior en uno o dos grados si, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como investigado, se lleva a cabo el reintegro y se reconocen judicialmente los hechos (art. 308 CP). También caben la atenuante de reparación del daño, apreciable en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral (art. 21 CP), y la atenuante de confesión cuando se confiesa antes de conocer que el procedimiento se dirige contra uno (art. 21 CP), con los efectos del art. 66 CP en la individualización de la pena y la posible suspensión de penas privativas de libertad no superiores a dos años (art. 80 CP).

Prescripción: El plazo de prescripción depende de la pena máxima señalada al delito conforme a las reglas del art. 131 CP y, cuando la pena señalada por la ley fuere compuesta, se está a la que exija mayor tiempo para la prescripción. La defensa debe verificar si el delito ha prescrito.

Confundir incumplimiento administrativo con delito: No todo beneficiario que incumple las condiciones de una subvención comete el delito del art. 308 CP, que exige falseamiento, ocultación o aplicación a fines distintos y la superación del umbral de cuantía. La Administración competente puede exigir el reintegro por vía administrativa con independencia del proceso penal (art. 308 CP), de modo que es habitual confundir un expediente de reintegro con una investigación penal.

No acudir a abogado desde el primer requerimiento: Las actuaciones de comprobación o control sobre las subvenciones o ayudas pueden preceder a una investigación penal y su notificación cierra la posibilidad de que el reintegro despliegue el efecto excluyente previsto en el art. 308 CP. El derecho de defensa, con asistencia letrada, puede ejercitarse desde que se comunica a la persona la existencia del procedimiento (art. 118 LECrim).

Subestimar el alcance del precepto: El art. 308 CP comprende expresamente las subvenciones y ayudas de la Unión Europea y, para fijar la cuantía, atiende al total de lo obtenido, defraudado o indebidamente aplicado aunque proceda de varias Administraciones Públicas conjuntamente.

Retrasar el reintegro: El reintegro solo produce el efecto previsto en el art. 308 CP si se devuelven las cantidades indebidamente percibidas o aplicadas, incrementadas en el interés de demora aplicable en materia de subvenciones, y se realiza antes de la notificación de actuaciones de comprobación o control o, en su defecto, antes de la querella o denuncia o de las actuaciones que permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. Más tarde, solo cabe la rebaja en uno o dos grados que el mismo artículo contempla.

El abogado penalista especializado en delincuencia económica comienza por analizar toda la documentación administrativa disponible: la convocatoria de la subvención, la solicitud presentada, los justificantes aportados y la resolución de la Administración. Solo con ese análisis puede determinar si la cuantía y la conducta encajan en el art. 308 CP.

En la fase de instrucción, el penalista interviene en la práctica de las diligencias, examina las actuaciones con la debida antelación y antes de la declaración del investigado (art. 118 LECrim) y puede preparar un contra-informe pericial contable que cuestione la cuantificación realizada por la acusación. La elección del perito contable y la preparación de su intervención en el juicio son decisivas en este tipo de causas.

Antes del juicio oral, el abogado evalúa la conveniencia de alcanzar una conformidad dentro de los límites del art. 801 LECrim, valorando también el efecto del reintegro y del reconocimiento judicial de los hechos previstos en el art. 308 CP. Si existe margen defensivo real, la estrategia se orienta al juicio oral, donde corresponde a la acusación acreditar el dolo y la cuantía.

En JBH, cada caso de fraude de subvenciones se asigna a un abogado penalista colegiado, que asume la dirección jurídica del asunto desde el primer contacto.

La interpretación de «fraude de subvenciones» evoluciona con la doctrina de los tribunales. No reproducimos números de sentencia ni identificadores ECLI sin verificar: la jurisprudencia aplicable a un caso concreto debe localizarla y contrastarla un abogado colegiado en la fuente oficial. Puedes preparar tu estrategia de búsqueda en el CENDOJ con nuestro buscador de jurisprudencia asistido y validar cualquier referencia con el verificador de citas legales.

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