Alzamiento de bienes

El alzamiento de bienes (art. 257 CP) castiga al deudor que se alza con sus bienes en perjuicio de sus acreedores: vende, dona, transfiere u oculta patrimonio para colocarse en una situación de insolvencia que impida o dificulte el cobro. El mismo art. 257 CP incluye los actos de disposición patrimonial o generadores de obligaciones que dilaten, dificulten o impidan la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación, así como los realizados para eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito. Por su parte, el art. 258 CP regula la presentación, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, de una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz.

El bien jurídico protegido es el derecho de crédito: la garantía que el patrimonio del deudor representa para quienes contrataron con él. Suele aparecer junto a la estafa o la administración desleal en asuntos de empresa.

• Crédito existente: una o varias deudas, generalmente vencidas o de próximo vencimiento; la doctrina admite créditos aún no exigibles si el alzamiento se hace para frustrarlos.
• Actos de disposición u ocultación: ventas —incluso simuladas—, donaciones, traspasos a sociedades o familiares, cancelaciones ficticias, vaciamiento de cuentas.
• Insolvencia consecuente: no hace falta arruinarse; basta que el patrimonio conocido resulte insuficiente o inaccesible para el acreedor.
• Dolo específico: ánimo de perjudicar a los acreedores; es la clave del tipo.

No es necesario que el acreedor haya agotado la vía civil ni que exista sentencia previa de condena al pago. Tampoco se exige un perjuicio efectivo consumado: la doctrina lo trata como un delito de tendencia, centrado en la finalidad de sustraer bienes a la acción de cobro. El art. 257 CP se aplica cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda que se intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o una persona jurídica, pública o privada; el delito se persigue aun cuando tras su comisión se inicie un procedimiento concursal.

El art. 257 CP castiga el alzamiento de bienes con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, tanto para quien se alza con sus bienes en perjuicio de sus acreedores como para quien realiza actos de disposición que dilaten, dificulten o impidan la eficacia de un embargo o procedimiento ejecutivo o de apremio, y para quien despatrimonializa para eludir responsabilidades civiles derivadas de un delito.

1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses: 1.º El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.

Art. 257 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

El marco se agrava cuando la deuda que se trata de eludir es de Derecho público y la acreedora es una persona jurídico pública, o se trata de obligaciones pecuniarias derivadas de un delito contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social: la pena será entonces de prisión de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses (art. 257 CP). Además, las penas se imponen en su mitad superior en los supuestos de los numerales 5.º o 6.º del apartado 1 del art. 250 CP (valor de la defraudación superior a 50.000 euros o afectación a un elevado número de personas; abuso de las relaciones personales o aprovechamiento de la credibilidad empresarial o profesional). La pena se modula además por las circunstancias atenuantes y agravantes (art. 21 CP, art. 22 CP, art. 66 CP) y por el grado de ejecución (art. 15 CP, art. 16 CP). Para una horquilla orientativa puede usarse la calculadora de pena. Sobre los plazos de prescripción (art. 131 CP), consulta la entrada de prescripción del delito.

• Solvencia restante: acreditar que quedaban bienes suficientes y localizables para cubrir la deuda; sin insolvencia no hay delito.
• Cronología: actos de disposición anteriores al nacimiento del crédito o ajenos a él.
• Realidad del negocio: la venta fue real, a precio de mercado, y el dinero obtenido se destinó a pagos legítimos (nóminas, proveedores, otros acreedores).
• Ausencia de dolo: decisiones económicas explicables sin ánimo de perjudicar; la mala situación patrimonial, por sí sola, no es delito. El error sobre un hecho constitutivo de la infracción se rige por el art. 14 CP.
• Pago o reparación: satisfacer la deuda puede operar como atenuante de reparación del daño (art. 21 CP) y abrir la puerta a una conformidad ventajosa.

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