Financiación ilegal de partidos políticos

La financiación ilegal de partidos políticos se recoge en los artículos 304 bis y 304 ter del Código Penal, añadidos por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. La reforma configuró una figura autónoma, distinta de otros tipos patrimoniales como la apropiación indebida o la administración desleal.

El art. 304 bis CP no fija por sí mismo los límites de las aportaciones: remite al artículo 5.Uno de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos y, para la modalidad agravada, también a su artículo 7.Dos. La conducta típica consiste, por tanto, en recibir donaciones o aportaciones con infracción de esa normativa y, en los mismos supuestos, en entregarlas por sí o por persona interpuesta.

El tipo se refiere a las donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores (art. 304 bis CP). Junto a esa figura, el art. 304 ter CP castiga la participación en estructuras u organizaciones cuya finalidad sea la financiación de esas formaciones al margen de lo establecido en la ley. En la práctica, estas investigaciones suelen desarrollarse en paralelo a otras por blanqueo de capitales o cohecho, lo que confiere a los procedimientos una complejidad técnica y procesal notable.

El art. 304 bis CP describe una conducta básica —recibir donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en el artículo 5.Uno de la Ley Orgánica 8/2007— y dos supuestos agravados: que se trate de donaciones del artículo 5.Uno, letras a) o c), de importe superior a 500.000 euros, o que superen en esa cifra el límite fijado en la letra b) cuando sea este el infringido; y que se trate de donaciones del artículo 7.Dos que superen el importe de 100.000 euros. Si los hechos resultan de especial gravedad, la pena se impone en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

El delito no se limita a quien recibe los fondos: las mismas penas se imponen, en sus respectivos casos, a quien entregare las donaciones o aportaciones, por sí o por persona interpuesta (art. 304 bis CP). En cuanto al elemento subjetivo, el error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción excluye la responsabilidad criminal y el error invencible sobre la ilicitud del hecho también la excluye; si el error sobre la ilicitud fuera vencible, se aplica la pena inferior en uno o dos grados (art. 14 CP).

El art. 304 ter CP castiga a quien participe en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores al margen de lo establecido en la ley. La pena se impone en su mitad superior a las personas que dirijan dichas estructuras u organizaciones y, de nuevo, cuando los hechos resulten de especial gravedad, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

En los supuestos del art. 304 bis CP, las mismas penas se imponen cuando, de acuerdo con lo establecido en el art. 31 bis CP, una persona jurídica sea responsable de los hechos; además, atendidas las reglas del art. 66 bis CP, los jueces y tribunales podrán imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del art. 33 CP. La persona jurídica queda exenta de responsabilidad si concurren los modelos de organización y gestión y las demás condiciones del art. 31 bis CP, y su acreditación parcial se valora a efectos de atenuación de la pena.

La modalidad básica del art. 304 bis CP se castiga con pena de multa del triplo al quíntuplo del valor de la donación o aportación. Cuando concurren los supuestos agravados —donaciones del artículo 5.Uno, letras a) o c), de la Ley Orgánica 8/2007 de importe superior a 500.000 euros, o donaciones del artículo 7.Dos que superen los 100.000 euros—, la pena es de prisión de seis meses a cuatro años y multa del triplo al quíntuplo de su valor o del exceso; si los hechos resultan de especial gravedad, la pena se impone en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. Las mismas penas se imponen a quien entrega las aportaciones.

1. Será castigado con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor, el que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en el artículo 5.Uno de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. 2. Los hechos anteriores serán castigados con una pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa del triplo al quíntuplo de su valor o del exceso cuando:

Art. 304 bis CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

Para las estructuras u organizaciones destinadas a la financiación al margen de la ley, el art. 304 ter CP prevé pena de prisión de uno a cinco años, en su mitad superior para quienes las dirijan y también en su mitad superior —pudiendo llegar hasta la superior en grado— cuando los hechos sean de especial gravedad.

1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, el que participe en estructuras u organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley. 2. Se impondrá la pena en su mitad superior a las personas que dirijan dichas estructuras u organizaciones.

Art. 304 ter CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

A las penas se añade el decomiso: toda pena impuesta por delito doloso lleva consigo la pérdida de los efectos que de él provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como de las ganancias, cualesquiera que sean sus transformaciones (art. 127 CP). La ejecución del hecho obliga además a reparar los daños y perjuicios causados, responsabilidad que comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales (arts. 109, 110 y 116 CP). Las penas concretas se individualizan conforme a las reglas del art. 66 CP, y la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años puede suspenderse en los términos del art. 80 CP. Cuando concurren otros delitos, como delito fiscal o falsedad documental, el marco penológico resultante es mayor.

La instrucción corresponde a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del partido en que el delito se hubiere cometido o, respecto de los delitos que la ley determine, al Juez Central de Instrucción (art. 14 LECrim). Desde que se le comunica la existencia del procedimiento, la persona a quien se atribuye el hecho puede ejercer su derecho de defensa, examinar las actuaciones, designar abogado y guardar silencio (art. 118 LECrim); si hay detención, rigen los derechos y el plazo máximo del art. 520 LECrim, y la prisión provisional solo puede acordarse con los requisitos y fines del art. 503 LECrim.

El cauce habitual es el procedimiento abreviado, aplicable al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años o con otras penas cualquiera que sea su cuantía o duración (art. 757 LECrim). La conformidad ante el juzgado de guardia solo cabe en los términos y con los límites del art. 801 LECrim.

Para el enjuiciamiento, cuando la pena privativa de libertad señalada no supera los cinco años, es competente la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de la circunscripción donde el delito fue cometido; en los demás casos, la Audiencia Provincial (art. 14 LECrim), sin perjuicio de los casos que la Constitución y las leyes atribuyen expresa y limitadamente a tribunales determinados. El Tribunal del Jurado no conoce de este delito, que no figura entre los enumerados en el art. 1 LO 5/1995. La duración del proceso puede dar lugar a la atenuante de dilación extraordinaria e indebida cuando no sea atribuible al inculpado y no guarde proporción con la complejidad de la causa (art. 21 CP).

La defensa técnica en estos procedimientos tiene varios vectores principales. El primero es la discusión del elemento típico: argumentar que la aportación recibida no infringe el artículo 5.Uno de la Ley Orgánica 8/2007 al que remite el art. 304 bis CP, o que no alcanza los importes de 500.000 o 100.000 euros que delimitan las modalidades agravadas. También puede discutirse la ley aplicable en el tiempo, pues los delitos se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar (art. 7 CP).

El segundo vector es el error. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción excluye la responsabilidad criminal, y el error sobre la ilicitud del hecho la excluye si es invencible o determina la pena inferior en uno o dos grados si es vencible (art. 14 CP). Esta línea es especialmente relevante para quienes actuaron en niveles intermedios de la organización sin participación en la decisión de captar los fondos.

El tercer eje es la atenuación. Pueden operar la confesión de la infracción a las autoridades antes de conocer que el procedimiento se dirige contra el investigado, la reparación del daño con anterioridad al juicio oral y la dilación extraordinaria e indebida (art. 21 CP), con los efectos que sobre la pena fijan las reglas del art. 66 CP. La conformidad negociada con la acusación es igualmente una salida valorada cuando la prueba de cargo resulta sólida, en los términos del art. 801 LECrim, y puede abrir paso a la suspensión de la pena privativa de libertad cuando esta no supere los dos años (art. 80 CP).

Uno de los errores más extendidos consiste en creer que solo responde quien recibe los fondos. El art. 304 bis CP impone las mismas penas, en sus respectivos casos, a quien entregare las donaciones o aportaciones, por sí o por persona interpuesta, de modo que la posición del donante —persona física o jurídica— es plenamente relevante.

Otro error habitual es pensar que la transformación o desaparición formal de la entidad implicada cierra el asunto. La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se traslada a la entidad resultante, y tampoco la extingue la disolución encubierta o meramente aparente (art. 130 CP). La documentación contable y los soportes de la investigación siguen siendo, por tanto, el eje del procedimiento.

También es frecuente subestimar la posición del partido político como persona jurídica investigada: su defensa es autónoma y se juega en buena medida en la acreditación de los modelos de organización y gestión del art. 31 bis CP. Finalmente, confiar sin más en la prescripción del delito es otro error: el plazo depende de la pena máxima señalada al delito conforme a las reglas del art. 131 CP y, cuando la pena señalada por la ley fuere compuesta, se está a la que exija mayor tiempo para la prescripción.

Un abogado especialista colegiado que asesora a un investigado por financiación ilegal de partidos comienza por un análisis riguroso de la documentación disponible: actas de los órganos de dirección, libros de contabilidad, registros de donantes y contratos con terceros. Ese análisis previo permite delimitar el perímetro de los hechos atribuidos, que deben serle comunicados con el grado de detalle suficiente para el ejercicio efectivo del derecho de defensa (art. 118 LECrim).

En la fase de instrucción, el letrado interviene en las diligencias que afectan a su cliente, examina las actuaciones con la debida antelación y se entrevista reservadamente con él, incluso antes de que se le reciba declaración (arts. 118 y 520 LECrim). La coordinación con peritos contables y financieros resulta decisiva para contrastar los informes sobre el flujo y el origen de los fondos, y para discutir si la aportación infringe la normativa a la que remite el art. 304 bis CP.

De cara al juicio oral, el penalista estructura su estrategia según el peso de la prueba de cargo: si esta es débil, impugna frontalmente la acusación; si es sólida, explora vías de atenuación como la confesión o la reparación del daño (art. 21 CP) y, en su caso, la conformidad (art. 801 LECrim). La defensa de la persona jurídica requiere además un análisis específico de los modelos de organización y gestión implantados, cuya adopción y ejecución eficaz puede excluir o atenuar su responsabilidad (art. 31 bis CP). JBH coordina con abogados especialistas colegiados con experiencia en penal económico que pueden valorar cualquier caso de esta naturaleza.

La interpretación de «financiación ilegal de partidos políticos» evoluciona con la doctrina de los tribunales. No reproducimos números de sentencia ni identificadores ECLI sin verificar: la jurisprudencia aplicable a un caso concreto debe localizarla y contrastarla un abogado colegiado en la fuente oficial. Puedes preparar tu estrategia de búsqueda en el CENDOJ con nuestro buscador de jurisprudencia asistido y validar cualquier referencia con el verificador de citas legales.

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