Delitos contra la propiedad intelectual

Los delitos contra la propiedad intelectual (art. 270 CP, art. 271 CP y art. 272 CP) protegen los derechos de autores y titulares sobre obras y prestaciones literarias, artísticas o científicas. Castigan a quien, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduce, plagia, distribuye, comunica públicamente o de cualquier otro modo explota económicamente una obra o prestación sin la autorización de los titulares de los derechos o de sus cesionarios (art. 270 CP).

Supuestos típicos:

• La venta de copias físicas no autorizadas (el clásico top manta) y la exportación, almacenamiento o importación intencionados de esas copias (art. 270 CP).
• Las webs de enlaces y plataformas que, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, facilitan de modo activo y no neutral el acceso o la localización en internet de obras protegidas, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces (art. 270 CP).
• Los servicios de IPTV o listas ilegales que revenden acceso a canales y plataformas de pago.
• El plagio: presentar como propia la obra ajena.
• La elusión de medidas tecnológicas eficaces de protección, o la fabricación, importación, puesta en circulación o posesión con finalidad comercial de medios concebidos para neutralizarlas (art. 270 CP).

El usuario final que consume contenido para uso privado, sin ánimo comercial, queda como regla fuera del reproche penal, sin perjuicio de la vía civil. No debe confundirse con los delitos contra la propiedad industrial (marcas, patentes), que se regulan en preceptos distintos.

• Obra protegida y derechos vigentes: creaciones originales cuyos derechos de explotación pertenecen a terceros; las obras en dominio público o licenciadas (por ejemplo, licencias libres) excluyen el delito.
• Falta de autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios (art. 270 CP).
• Conducta de explotación: reproducir, plagiar, distribuir, comunicar públicamente o de cualquier otro modo explotar económicamente, en todo o en parte, la obra o prestación (art. 270 CP).
• Ánimo de beneficio económico directo o indirecto: la fórmula legal abarca el beneficio indirecto, no solo la venta directa (art. 270 CP); las conductas altruistas y de uso privado quedan, como regla, en la vía civil.
• Perjuicio de tercero: idoneidad para dañar los derechos de los titulares.
• La ley prevé tipos agravados —especial trascendencia económica del beneficio, especial gravedad de los hechos, pertenencia a una organización o asociación, o utilización de menores de 18 años (art. 271 CP)— y un tipo atenuado para la distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional (art. 270 CP).

La persecución penal convive con la reclamación civil de daños de los titulares y las entidades de gestión, canalizable como responsabilidad civil en el propio proceso (art. 109 CP, art. 110 CP y art. 116 CP), cuya extensión se rige por las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios (art. 272 CP).

El tipo básico se castiga con prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses, tanto para la explotación no autorizada como para la facilitación activa y no neutral del acceso a obras en internet (art. 270 CP). La distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional se castiga con prisión de seis meses a dos años y, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener, y siempre que no concurra ninguna circunstancia del art. 271 CP, el juez puede imponer multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días (art. 270 CP). Fabricar, importar, poner en circulación o poseer con finalidad comercial medios concebidos para neutralizar dispositivos técnicos de protección se castiga con prisión de seis meses a tres años (art. 270 CP). En los supuestos agravados, la pena es de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito de dos a cinco años (art. 271 CP).

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

Art. 270 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

En abstracto: agravan la especial trascendencia económica del beneficio, la especial gravedad de los hechos y la pertenencia a una organización o asociación (art. 271 CP); favorecen la respuesta menor la reducida cuantía del beneficio y la ocasionalidad (art. 270 CP) y la reparación del daño a los titulares (art. 21 CP), con las reglas de individualización del art. 66 CP. Son habituales el comiso de bienes, efectos y ganancias en los términos del art. 127 bis CP y medidas como la retirada de las obras o prestaciones, la interrupción de la prestación del servicio y, excepcionalmente, el bloqueo del acceso (art. 270 CP). Toda cifra debe confirmarse contra el BOE vigente y con un abogado especialista colegiado. Sobre los plazos, consulta la prescripción del delito (art. 131 CP).

Líneas de defensa habituales, en abstracto:

• Ausencia de ánimo de beneficio económico: usos privados, compartición sin monetización o proyectos sin ingresos; la acusación debe acreditar el beneficio económico directo o indirecto perseguido (art. 270 CP).
• Discutir la conducta de explotación: el art. 270 CP exige facilitar el acceso o la localización de las obras de modo activo y no neutral, sin limitarse a un tratamiento meramente técnico; enlazar de forma neutral o prestar servicios técnicos genéricos queda fuera de esa descripción.
• Titularidad y vigencia de los derechos: exigir que los titulares o sus cesionarios acrediten sus derechos sobre cada obra concreta; licencias, dominio público o autorizaciones excluyen el tipo.
• Encaje en el tipo atenuado: en la distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional, reconducir los hechos a ese escalón menor del art. 270 CP cambia radicalmente las consecuencias.
• Cuantificación del perjuicio: las valoraciones de las entidades de gestión tienden al alza; la pericial contradictoria reduce la responsabilidad civil y desactiva agravaciones por especial gravedad (art. 271 CP).
• Control de la prueba tecnológica: registros de servidores, trazabilidad de pagos y autoría real de la infraestructura, conforme a la presunción de inocencia (art. 24 CE).

La estrategia la dirige siempre un abogado especialista colegiado. JBH es una plataforma de intermediación jurídica que coordina con abogados especialistas colegiados independientes; la dirección del caso corresponde siempre a un colegiado habilitado.

La interpretación de «delitos contra la propiedad intelectual» evoluciona con la doctrina de los tribunales. No reproducimos números de sentencia ni identificadores ECLI sin verificar: la jurisprudencia aplicable a un caso concreto debe localizarla y contrastarla un abogado colegiado en la fuente oficial. Puedes preparar tu estrategia de búsqueda en el CENDOJ con nuestro buscador de jurisprudencia asistido y validar cualquier referencia con el verificador de citas legales.

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