Trabajos en beneficio de la comunidad

Los trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) son una pena privativa de derechos (art. 39 CP) regulada en el art. 49 CP: obligan al penado a prestar su cooperación no retribuida en actividades de utilidad pública. Según su duración, son penas menos graves cuando van de treinta y un días a un año y leves cuando van de uno a treinta días (art. 33 CP).

Los trabajos en beneficio de la comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento de la persona condenada, le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar naturaleza al cometido por la persona condenada, en labores de reparación de los daños causados o de apoyo o asistencia a las víctimas

Art. 49 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

Dos notas los definen:

• Nunca se imponen sin el consentimiento de la persona condenada (art. 49 CP).
• Las actividades pueden consistir en labores de reparación de los daños causados, apoyo o asistencia a las víctimas, o participación en talleres o programas formativos de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual, resolución pacífica de conflictos o parentalidad positiva (art. 49 CP).

Son frecuentes como pena alternativa: por ejemplo, el art. 171 CP castiga la amenaza leve a quien sea o haya sido esposa, o mujer ligada por análoga relación de afectividad, con prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días, además de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas (violencia de género).

Los TBC pueden aparecer por varias vías:

• Como pena directa prevista por el tipo penal, a menudo alternativa a la multa o a la prisión (por ejemplo, art. 171 CP).
• El art. 80 CP regula la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y las condiciones para acordarla.
• Como forma de cumplir la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa: el juez o tribunal puede acordarlo previa conformidad del penado, y cada día de privación de libertad equivale a una jornada de trabajo (art. 53 CP).

La ejecución se desarrolla bajo el control del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que requiere informes sobre el desempeño del trabajo a la Administración, entidad pública o asociación de interés general en que se presten los servicios; los servicios sociales penitenciarios comunican a ese juez las incidencias relevantes de la ejecución (art. 49 CP). La duración diaria no podrá exceder de ocho horas, el trabajo no atentará a la dignidad del penado ni se supeditará al logro de intereses económicos (art. 49 CP).

• Los servicios sociales penitenciarios comunican en todo caso la ausencia del trabajo durante al menos dos jornadas laborales cuando suponga rechazo voluntario al cumplimiento de la pena (art. 49 CP).
• El trabajo es facilitado por la Administración, que podrá establecer los convenios oportunos a tal fin (art. 49 CP).
• Faltar al trabajo por causa justificada no se entiende como abandono de la actividad, aunque el trabajo perdido no se computa en la liquidación de la condena (art. 49 CP).
• Si el Juez de Vigilancia Penitenciaria entiende que el penado ha incumplido la pena, se deducirá testimonio para proceder conforme al art. 468 CP (quebrantamiento de condena).
• En la liquidación deben constar los días o jornadas que efectivamente se hubiesen trabajado del total impuesto (art. 49 CP): guardar los justificantes evita discusiones.

• Valorar, ya en el juicio, si los TBC son la pena alternativa más conveniente frente a la multa o la prisión según la situación personal y económica del cliente, teniendo en cuenta que no pueden imponerse sin su consentimiento (art. 49 CP).
• Acompañar la ejecución ante los servicios sociales penitenciarios y la entidad en que se presten los servicios.
• Justificar documentalmente las ausencias, para que operen como faltas por causa justificada y no como abandono de la actividad (art. 49 CP).
• Ante una incidencia grave, defender al penado para evitar que se declare el incumplimiento y la consiguiente deducción de testimonio (art. 468 CP).

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