Antecedentes penales y su cancelación

Los antecedentes penales son las anotaciones de las condenas firmes por delito en el Registro Central de Penados y Rebeldes (art. 136 CP). No constan las meras detenciones ni las causas archivadas: solo condenas impuestas en sentencia firme.

Sus efectos prácticos son importantes: pueden impedir la suspensión de la pena en una causa posterior (art. 80 CP), fundamentar una agravación por reincidencia (art. 22 CP), pesar en la decisión sobre prisión provisional (art. 503 LECrim) y cerrar el acceso a empleos que exigen certificado negativo (función pública, trabajo con menores, seguridad privada…). Por eso, obtener su cancelación en cuanto se cumplen los requisitos es una gestión clave tras cumplir la condena.

La cancelación se regula en el art. 136 CP. En esencia:

• El plazo se cuenta desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena (art. 136 CP), no desde la fecha de la sentencia; si la extinción se produce mediante remisión condicional, el plazo se computa, una vez obtenida la remisión definitiva, retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la pena. Sobre la extinción de la responsabilidad, ver art. 130 CP y ejecución de la pena.
• Su duración depende de la gravedad de la pena impuesta: seis meses para las penas leves; dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes; tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años; cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años; y diez años para las penas graves (art. 136 CP). La clasificación de las penas en graves, menos graves y leves está en el art. 33 CP.
• Durante ese plazo el interesado no debe volver a delinquir (art. 136 CP).

Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos: a) Seis meses para las penas leves. b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes. c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años. d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años. e) Diez años para las penas graves.

Art. 136 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

La cancelación puede acordarse de oficio o a instancia de parte, y se obtiene del Ministerio de Justicia (art. 136 CP), acreditando la extinción de la pena y el transcurso del plazo.

• Pide el certificado de antecedentes penales antes de cualquier trámite: es la única forma de saber qué consta realmente. Las inscripciones no son públicas y durante su vigencia solo se emiten certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas (art. 136 CP).
• No confundas antecedentes penales con antecedentes policiales: el art. 136 CP solo regula la cancelación de las inscripciones del Registro Central de Penados y Rebeldes.
• Los antecedentes cancelados o que debieran estarlo no pueden desplegar efectos: no se computan a efectos de la agravante de reincidencia (art. 22 CP y art. 66 CP), ni para denegar la suspensión (art. 80 CP), y el juez o tribunal no los tendrá en cuenta cuando, cumplidos los requisitos, la cancelación no se haya producido (art. 136 CP).
• La cancelación de oficio no siempre llega puntualmente: instarla por escrito acelera el resultado.
• No confundir con la prescripción del delito (art. 131 CP), que extingue la responsabilidad antes de que exista condena, ni con la prescripción de la pena (art. 133 CP).

• Verificar el cómputo: fecha exacta de extinción de la pena y plazo aplicable según su gravedad, conforme al art. 136 CP.
• Instar la cancelación en cuanto se cumplen los requisitos, aportando la documentación de la ejecutoria.
• En una causa nueva, oponerse a que se valoren antecedentes cancelados o cancelables, tanto para agravar la pena (art. 22 CP, art. 66 CP) como para denegar beneficios como la suspensión (art. 80 CP).
• Revisar los efectos colaterales (empleo, extranjería, permisos) y plantear las vías administrativas oportunas.

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