Medidas cautelares personales

Las medidas cautelares personales son restricciones de derechos que el juez impone al investigado durante el proceso, antes de que exista condena, para asegurar sus fines: asegurar su presencia en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga, evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba, evitar que cometa otros hechos delictivos o que pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima (art. 503 LECrim).

Como el afectado está amparado por la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), rigen la legalidad —nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y en la forma previstos en la ley (art. 17.1 CE)— y la necesidad estricta y graduación de la medida (art. 544 bis LECrim). El catálogo va desde la simple obligación de comparecer hasta la prisión provisional, sujeta a requisitos específicos (art. 503 LECrim).

El catálogo habitual incluye:

• Libertad provisional con comparecencias periódicas («apud acta»: comparecer en los días señalados en el auto respectivo y cuantas veces sea llamado), con o sin fianza (art. 530 LECrim).
• Retención del pasaporte, que el juez o tribunal puede acordar motivadamente para garantizar el cumplimiento de la obligación de comparecer (art. 530 LECrim).
• Prohibición de residir en un determinado lugar, de acudir a determinados lugares o de aproximarse o comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas, cuando se investigue alguno de los delitos a los que remite el art. 544 bis LECrim; en violencia de género y doméstica suele acudirse también a la orden de protección.
• Prisión provisional, que exige que conste la existencia de uno o varios hechos con caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el investigado o encausado tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito doloso; motivos bastantes para creerle responsable criminalmente; y alguno de los fines legalmente tasados (art. 503 LECrim).

Las prohibiciones del art. 544 bis LECrim se imponen de forma motivada y solo cuando resulten estrictamente necesarias; la libertad provisional se articula mediante el auto en el que se señalan los días de comparecencia (art. 530 LECrim).

El investigado o encausado que hubiere de estar en libertad provisional, con o sin fianza, constituirá apud acta obligación de comparecer en los días que le fueren señalados en el auto respectivo, y además cuantas veces fuere llamado ante el juez o tribunal que conozca de la causa. Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, el juez o tribunal podrá acordar motivadamente la retención de su pasaporte.

Art. 530 LECrim · Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. · texto en el BOE

• Para adoptar las prohibiciones se tienen en cuenta la situación económica del inculpado y los requerimientos de su salud, situación familiar y actividad laboral, con atención especial a la continuidad de esta última (art. 544 bis LECrim).
• El incumplimiento de la medida lleva al juez a convocar la comparecencia prevista para acordar la prisión provisional, la orden de protección u otra medida que implique mayor limitación de la libertad personal, sin perjuicio de las responsabilidades que del incumplimiento pudieran resultar (art. 544 bis LECrim).
• Cuando se investigue alguno de los delitos a los que remite el párrafo final del art. 544 bis LECrim, puede acordarse mediante resolución motivada la utilización de dispositivos telemáticos para controlar el cumplimiento.
• Sobre los cauces de impugnación en el proceso penal, ver recursos penales.
• Frente a una detención que se considere ilegal, la ley regula el procedimiento de habeas corpus para la inmediata puesta a disposición judicial (art. 17.4 CE).
• El derecho de defensa puede ejercerse desde que se comunica la existencia del procedimiento, se produce la detención o se adopta cualquier otra medida cautelar (art. 118 LECrim).

• Acreditar la situación familiar, laboral y económica del investigado, que la ley manda valorar tanto para las prohibiciones (art. 544 bis LECrim) como para apreciar el riesgo de fuga (art. 503 LECrim).
• Proponer alternativas concretas: comparecencias apud acta, fianza o entrega del pasaporte, en lugar de medidas más severas.
• Sostener que la medida no es estrictamente necesaria para la protección de la víctima o para evitar la reiteración delictiva (art. 544 bis LECrim) y pedir la graduación menos gravosa.
• Preparar al cliente para cumplir escrupulosamente la medida: el incumplimiento abre la vía a medidas más limitativas de la libertad personal (art. 544 bis LECrim).

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