Fraude a la Seguridad Social

El fraude a la Seguridad Social se regula en el art. 307 CP, el art. 307 bis CP y el art. 307 ter CP, dentro del capítulo dedicado a los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. El bien jurídico protegido es doble: de un lado, la integridad financiera del sistema público de protección social; de otro, la correcta percepción de sus prestaciones.

Existen dos grandes modalidades. La primera afecta a las cuotas: el art. 307 CP castiga a quien, por acción u omisión, defrauda a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto de forma indebida. La segunda modalidad afecta a las prestaciones: el art. 307 ter CP castiga a quien obtiene, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del sistema de la Seguridad Social, su prolongación indebida o facilita a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública.

En la modalidad de cuotas, el art. 307 CP exige que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros. Además, el propio art. 307 CP precisa que la mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación cuando ésta se acredite por otros hechos.

1. Sujeto activo. El art. 307 CP se refiere a quien, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social, y su apartado 5 contempla también a otros partícipes en el delito distintos del obligado frente a la Seguridad Social o del autor. Cuando el fraude de prestaciones del art. 307 ter CP lo comete una autoridad o funcionario público abusando de su cargo, el art. 438 CP prevé la imposición de las penas respectivamente señaladas en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de tres a nueve años.

2. Conducta típica. El art. 307 CP describe las conductas en torno a tres ejes: (a) elusión del pago de cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta; (b) obtención indebida de devoluciones de las mismas; y (c) disfrute indebido de deducciones por cualquier concepto. La modalidad del art. 307 ter CP castiga específicamente la obtención o prolongación indebida del disfrute de prestaciones del sistema mediante simulación o tergiversación de hechos, o mediante la ocultación consciente de hechos de los que se tenía el deber de informar.

3. Elemento subjetivo: el dolo. El tipo exige actuación dolosa, es decir, conciencia y voluntad de defraudar. Este requisito es de enorme relevancia práctica: conforme al art. 14 CP, el error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal y, si fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente; el error invencible sobre la ilicitud del hecho excluye igualmente la responsabilidad criminal y, si fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.

4. Cuantía. En la modalidad de cuotas, el art. 307 CP exige que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros; a efectos de determinar esa cuantía se está al importe total defraudado durante cuatro años naturales. En la modalidad de prestaciones, el art. 307 ter CP atiende al valor de las prestaciones, con un tratamiento agravado cuando ese valor sea superior a cincuenta mil euros.

5. Tipos agravados. El art. 307 bis CP contempla supuestos de especial gravedad: que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de ciento veinte mil euros; que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal; o que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado o del responsable del delito, de la cuantía defraudada o del patrimonio de aquéllos. La concurrencia de estas circunstancias eleva el marco penal.

El tipo básico del art. 307 CP se castiga con pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada, salvo que se hubiera regularizado la situación ante la Seguridad Social. En los supuestos agravados del art. 307 bis CP la pena es de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía.

siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía salvo que hubiere regularizado su situación ante la Seguridad Social en los términos del apartado 3 del presente artículo.

Art. 307 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

En la modalidad específica de fraude en prestaciones del art. 307 ter CP, la pena es de seis meses a tres años de prisión; cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, se castigan con multa del tanto al séxtuplo. Si el valor de las prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros o hubiera concurrido alguna de las circunstancias de las letras b) o c) del apartado 1 del art. 307 bis CP, la pena es de prisión de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo.

Además de la pena personal, el art. 307 CP impone al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años, período que se eleva de cuatro a ocho años en los supuestos del art. 307 bis CP y del apartado 2 del art. 307 ter CP. A ello se añaden el decomiso de los efectos, bienes, medios, instrumentos y ganancias del delito (art. 127 CP) y la responsabilidad civil derivada del delito (arts. 109, 110 y 116 CP), que conforme al art. 307.6 CP comprende el importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la Administración no haya liquidado por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora.

Origen de la investigación. El art. 307.3 CP se refiere expresamente a la iniciación de actuaciones inspectoras dirigidas a la determinación de las deudas y a la interposición de querella o denuncia por el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social, así como a las actuaciones del Ministerio Fiscal o del Juez de Instrucción que permitan al obligado tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. Conforme al art. 307.4 CP, la existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social no paraliza el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda, salvo que el Juez lo acuerde previa prestación de garantía; una previsión equivalente contiene el art. 307 ter CP para el reintegro de prestaciones indebidamente obtenidas.

Instrucción. La instrucción de la causa corresponde al órgano de instrucción del lugar en que el delito se hubiere cometido (art. 14.2 LECrim). La complejidad contable y laboral de estos casos hace que la fase de instrucción sea habitualmente extensa: se practican pericias contables, se solicita documentación a la Tesorería General y a las empresas y se analizan contratos, nóminas, partes de alta y baja y extractos bancarios.

Fase intermedia y juicio oral. Conforme al art. 757 LECrim, el procedimiento abreviado se aplica al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, lo que comprende los marcos del art. 307 CP, del art. 307 bis CP y del art. 307 ter CP. El enjuiciamiento corresponde al órgano penal unipersonal cuando la ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años (art. 14.3 LECrim) y a la Audiencia Provincial en los demás casos (art. 14.4 LECrim). En el juicio oral la prueba pericial económica adquiere un peso determinante.

Regularización previa. El art. 307.3 CP considera regularizada la situación cuando el obligado procede al completo reconocimiento y pago de la deuda antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones inspectoras dirigidas a su determinación o, si tales actuaciones no se hubieran producido, antes de la querella o denuncia del Ministerio Fiscal o del Letrado de la Seguridad Social o de las actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. En el fraude de prestaciones, el art. 307 ter CP prevé la exención de responsabilidad criminal para quien reintegre una cantidad equivalente al valor de la prestación recibida incrementada en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, en los mismos momentos temporales.

Exclusión del dolo. La primera línea defensiva consiste en demostrar que la conducta no fue dolosa. En la realidad empresarial, los errores en la liquidación de cotizaciones, las discrepancias de criterio jurídico sobre la calificación de relaciones laborales o las dificultades financieras que generan retrasos en el pago no implican necesariamente voluntad de defraudar. Acreditar que la empresa actuó de buena fe, que contaba con asesoramiento profesional y que actuó según criterios razonables puede resultar determinante, con el alcance que el art. 14 CP otorga al error.

Impugnación del cálculo de la cuantía. La determinación del importe defraudado no siempre es pacífica. Los informes inspectores pueden contener errores en la periodificación, incluir conceptos no sujetos a cotización o calcular de forma incorrecta las bases de cotización. Una pericia contable independiente puede situar la cuantía por debajo de los cincuenta mil euros que exige el art. 307 CP, teniendo en cuenta que ese importe se determina por el total defraudado durante cuatro años naturales.

Regularización. Si no se han iniciado las actuaciones a que se refiere el art. 307.3 CP, la regularización íntegra de la deuda excluye la aplicación de la pena del tipo. Además, el art. 307.5 CP permite a los jueces y tribunales imponer la pena inferior en uno o dos grados cuando, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado, se satisfaga la deuda con la Seguridad Social y se reconozcan judicialmente los hechos; el art. 21.5 CP contempla asimismo la atenuante de reparación del daño.

Cuestiones procesales. En causas complejas merece atención el análisis de la documentación obtenida durante la investigación y la posible prescripción del delito: conforme al art. 131 CP, el plazo depende de la pena máxima señalada al delito y, cuando la pena señalada por la ley fuere compuesta, se estará a la que exija mayor tiempo para la prescripción. La prescripción del delito extingue la responsabilidad criminal (art. 130.1.6.º CP).

Conformidad negociada. En algunos supuestos, especialmente cuando la prueba es sólida, la negociación de una conformidad que incluya la satisfacción de la deuda, la apreciación de atenuantes (art. 21 CP) y una pena susceptible de suspensión —el art. 80 CP permite dejar en suspenso la ejecución de penas privativas de libertad no superiores a dos años, con los requisitos que enumera— puede ser la salida más razonable.

Creer que el procedimiento administrativo cierra el asunto. El art. 307.4 CP dispone que la existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social no paralizará el procedimiento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda, salvo que el Juez lo acuerde previa prestación de garantía, y el art. 307 ter CP contiene una previsión equivalente respecto del reintegro de prestaciones indebidamente obtenidas. Ambos planos pueden discurrir en paralelo.

No actuar con urgencia ante los indicios de investigación. El tiempo es un factor crítico: la regularización del art. 307.3 CP y el reintegro del art. 307 ter.3 CP solo despliegan sus efectos si se producen antes de la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras o, en su defecto, antes de la querella o denuncia o de las actuaciones que permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

Declarar sin asesoramiento jurídico. El art. 118 LECrim reconoce a toda persona a quien se atribuya un hecho punible el derecho a ser informada de los hechos que se le atribuyan, a examinar las actuaciones con anterioridad a que se le tome declaración, a designar libremente abogado, a guardar silencio y a no declarar contra sí misma. En delitos de fraude a la Seguridad Social, las preguntas sobre la estructura de la empresa o la gestión de contratos pueden comprometer la posición procesal si se responden sin estrategia defensiva previa.

Un abogado especialista colegiado en delincuencia económica comienza por realizar un diagnóstico completo de la situación: análisis de los expedientes administrativos, revisión de la documentación contable y laboral relevante, identificación de los períodos investigados y cálculo crítico de las cuantías que la acusación manejará, teniendo en cuenta que el art. 307.2 CP atiende al importe total defraudado durante cuatro años naturales. Este diagnóstico temprano determina la estrategia más adecuada.

Si existe margen para ello, el letrado evaluará de forma inmediata la viabilidad de la regularización del art. 307.3 CP o del reintegro del art. 307 ter.3 CP, coordinándose con asesores laborales y contables para articular el completo reconocimiento y pago de la deuda dentro de los momentos que la ley exige. Esta es, cuando es posible, la opción de mayor valor para el cliente.

Cuando el procedimiento ya está en marcha, el penalista elabora una estrategia de defensa que generalmente combina varias líneas: impugnación del relato fáctico de la acusación mediante pericia contable independiente, cuestionamiento del elemento doloso con prueba documental que acredite la actuación de buena fe, análisis de la legalidad de las actuaciones practicadas y negociación con el Ministerio Fiscal cuando la evidencia aconseje explorar vías de conformidad. En JBH, la coordinación con el abogado especialista colegiado que asuma la dirección del caso garantiza que el afectado cuente con un profesional con experiencia específica en este tipo de procedimientos, que combina el conocimiento del Derecho Penal con la comprensión del entorno laboral, mercantil y de Seguridad Social en el que se producen los hechos.

La interpretación de «fraude a la seguridad social» evoluciona con la doctrina de los tribunales. No reproducimos números de sentencia ni identificadores ECLI sin verificar: la jurisprudencia aplicable a un caso concreto debe localizarla y contrastarla un abogado colegiado en la fuente oficial. Puedes preparar tu estrategia de búsqueda en el CENDOJ con nuestro buscador de jurisprudencia asistido y validar cualquier referencia con el verificador de citas legales.

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