Registro de dispositivos electrónicos (móvil, ordenador)

El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información —móviles, ordenadores, tablets, discos duros— y el acceso a repositorios telemáticos de datos es la diligencia por la que se accede a su contenido para obtener pruebas, con una previsión específica en la LECrim (art. 588 sexies LECrim).

El punto de partida es que un smartphone no es un objeto más: concentra comunicaciones, fotografías, historiales y datos personales, de modo que en su registro se proyectan varios derechos fundamentales —el honor y la intimidad personal y familiar, el secreto de las comunicaciones y los límites al uso de la informática (art. 18 CE)—.

Dos reglas capitales del sistema legal (art. 588 sexies LECrim):

• La simple incautación del dispositivo no legitima el acceso a su contenido: son dos actos distintos, y el segundo puede ser autorizado ulteriormente por el juez competente.
• Cuando el aparato se aprehenda en un registro domiciliario y esa aprehensión sea previsible, la resolución del juez de instrucción debe extender su razonamiento a la justificación de las razones que legitiman el acceso a la información contenida en los dispositivos.

La simple incautación de cualquiera de los dispositivos a los que se refiere el apartado anterior, practicada durante el transcurso de la diligencia de registro domiciliario, no legitima el acceso a su contenido, sin perjuicio de que dicho acceso pueda ser autorizado ulteriormente por el juez competente.

Art. 588 sexies LECrim · Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. · texto en el BOE

Conforme al régimen legal citado:

• Resolución judicial motivada: cuando con ocasión de un registro domiciliario sea previsible la aprehensión de ordenadores, instrumentos de comunicación telefónica o telemática o dispositivos de almacenamiento masivo, o el acceso a repositorios telemáticos de datos, la resolución del juez de instrucción ha de motivar, en su caso, las razones que legitiman el acceso de los agentes facultados a la información contenida en tales dispositivos (art. 588 sexies LECrim).
• Autorización ulterior: si el dispositivo se incautó sin que el acceso estuviera legitimado, ese acceso puede ser autorizado después por el juez competente (art. 588 sexies LECrim).

Lo que no legitima el acceso: la simple incautación del aparato durante la diligencia de registro domiciliario (art. 588 sexies LECrim).

La fiabilidad de la prueba digital depende de su integridad, que en la práctica forense se protege con estos instrumentos técnicos:

• Clonado forense: se trabaja sobre una copia espejo del dispositivo, no sobre el original, para no alterar los datos.
• Funciones resumen (hash): se calcula una huella criptográfica del contenido en el momento del volcado, que permite comprobar después que nada se modificó.
• Precinto y documentación: el aparato se precinta y cada acceso queda documentado, integrándose en la cadena de custodia.
• Volcado y análisis pericial: el examen lo realizan unidades especializadas y se plasma en informes de prueba pericial informática, ratificables en el juicio.

Los defectos técnicos (ausencia de hash, trabajo sobre el original, accesos no documentados) comprometen la fiabilidad del material y son terreno clásico de impugnación.

La prueba digital suele ser la columna vertebral de la acusación moderna, y por eso se audita entera:

• Examinar el título habilitante: existencia y motivación de la resolución judicial y su alcance (qué dispositivos y qué repositorios telemáticos de datos quedaron cubiertos), conforme al art. 588 sexies LECrim.
• Comprobar que no se accedió por la simple incautación: la aprehensión del dispositivo en el registro domiciliario no legitima, por sí sola, el examen de su contenido (art. 588 sexies LECrim).
• Auditar la técnica forense: hash, clonado, precintos, continuidad de la cadena de custodia; pedir el contraste pericial de la copia.
• Recordar los derechos del investigado: derecho a la defensa y a la asistencia de letrado, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable (art. 24 CE). El deber de facilitar contraseñas o desbloqueo biométrico no está regulado en los preceptos citados.

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