Agente encubierto

El agente encubierto es un funcionario de la Policía Judicial al que se autoriza a actuar bajo identidad supuesta para infiltrarse en el entorno de una organización criminal, ganarse su confianza y obtener información y pruebas sobre su actividad (art. 282 bis LECrim).

cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos.

Art. 282 bis LECrim · Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. · texto en el BOE

Rasgos esenciales del régimen legal (art. 282 bis LECrim):

• Es una técnica excepcional, prevista para investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada —entendida como la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas dirigidas a cometer alguno de los delitos del catálogo tasado del art. 282 bis LECrim (entre ellos los delitos contra la salud pública, la trata de seres humanos, el blanqueo o el terrorismo)—.
• Requiere autorización del Juez de Instrucción competente o del Ministerio Fiscal (en este último caso dando cuenta inmediata al Juez), mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación (art. 282 bis LECrim).
• La identidad supuesta la otorga el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, y la información obtenida debe aportarse al proceso en su integridad, valorándose por el órgano judicial competente.
• La ley contempla también el agente encubierto informático, autorizado por el juez de instrucción para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación y que, con autorización específica, puede intercambiar o enviar por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido (art. 282 bis LECrim).

No debe confundirse con el confidente policial ni con el colaborador particular, figuras sin este estatuto legal.

La infiltración policial puede afectar de lleno a derechos fundamentales, por lo que la ley la rodea de garantías (art. 282 bis LECrim; art. 24 CE):

• Autorización previa y fundada, que debe consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto; la resolución es reservada y se conserva fuera de las actuaciones con la debida seguridad.
• Necesidad y proporcionalidad: la autorización se acuerda teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, y las actuaciones del agente deben guardar la debida proporcionalidad con esa finalidad.
• Control judicial continuado: la información que vaya obteniendo el agente debe ponerse a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación.
• Actos que exigen autorización adicional: cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a derechos fundamentales (por ejemplo, una intervención de comunicaciones o un registro domiciliario), el agente debe solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones que establezcan la Constitución y la Ley.
• Responsabilidad penal del agente: está exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con su finalidad y no constituyan una provocación al delito (art. 282 bis LECrim).
• Declaración en juicio: el agente puede mantener la identidad supuesta cuando testifique en el proceso, siempre que así se acuerde mediante resolución judicial motivada, con respeto a la contradicción.

La frontera que separa la infiltración legítima de la actuación ilícita es la provocación del delito, expresamente excluida de la exención de responsabilidad criminal del agente que prevé el art. 282 bis LECrim:

El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito.

Art. 282 bis LECrim · Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. · texto en el BOE

• Hay delito provocado cuando el agente hace nacer una voluntad criminal antes inexistente: induce a alguien a cometer un delito que no tenía decidido, para después detenerle. Esa actuación queda fuera de la exención del art. 282 bis LECrim.
• Es, en cambio, legítima la actuación que se limita a descubrir o constatar un delito ya decidido o en marcha: comprar droga a quien ya se dedica a venderla no crea el delito, lo aflora.
• El art. 282 bis LECrim no define qué debe entenderse por provocación al delito: se limita a excluirla del ámbito de la exención de responsabilidad del agente.

Los textos legales aquí citados no regulan las consecuencias probatorias de una eventual provocación; el art. 282 bis LECrim sí prevé, en cambio, que para proceder penalmente contra el agente por las actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el Juez competente requiera informe de quien hubiere autorizado la identidad supuesta.

Ante una investigación con agente encubierto, la defensa somete a auditoría toda la infiltración:

• Examinar la autorización: existencia, carácter fundado, contenido (nombre verdadero e identidad supuesta), fechas y prórrogas; el agente queda habilitado para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta, de modo que lo que desborde lo autorizado puede contaminar lo obtenido (art. 282 bis LECrim).
• Verificar el presupuesto: que la investigación versaba realmente sobre actividades propias de la delincuencia organizada y sobre delitos del catálogo del art. 282 bis LECrim.
• Plantear la provocación delictiva: reconstruir la cronología de la intervención del agente y su relación con la conducta atribuida al investigado.
• Controlar las autorizaciones adicionales exigidas cuando las actuaciones afectan a derechos fundamentales (art. 282 bis LECrim).
• Exigir contradicción: interrogar al agente en el juicio, aun con identidad protegida, y contrastar sus informes con el resto de la prueba, bajo la presunción de inocencia (art. 24 CE).
• Comprobar la aportación íntegra al proceso de la información obtenida por el agente, que debe incorporarse en su integridad para ser valorada por el órgano judicial competente (art. 282 bis LECrim).

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