Intervención de comunicaciones

La intervención de comunicaciones es la medida de investigación que permite acceder al contenido de las comunicaciones y a los datos electrónicos de tráfico o asociados de una persona investigada (art. 588 ter LECrim). Afecta al secreto de las comunicaciones, que el art. 18.3 CE garantiza «salvo resolución judicial», por lo que exige siempre autorización judicial.

Las medidas de investigación tecnológica se incorporaron a la LECrim por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, que añadió, entre otros, los preceptos sobre intervención de comunicaciones telefónicas y telemáticas (art. 588 ter LECrim).

El alcance de la medida está delimitado en la propia ley (art. 588 ter LECrim):

• Terminales afectados: han de ser los habitual u ocasionalmente utilizados por el investigado, sea titular o usuario (art. 588 ter LECrim).
• Contenido y datos: la intervención puede autorizar el acceso al contenido de las comunicaciones y a los datos electrónicos de tráfico o asociados al proceso de comunicación (art. 588 ter LECrim).
• Víctima: también pueden intervenirse sus terminales o medios de comunicación cuando sea previsible un grave riesgo para su vida o integridad (art. 588 ter LECrim).
• Terceros: cabe intervenir terminales de un tercero si consta que el investigado se sirve de ellos para transmitir o recibir información, si el titular colabora con la persona investigada en sus fines ilícitos o se beneficia de su actividad, o si el dispositivo es utilizado maliciosamente por terceros por vía telemática sin conocimiento del titular (art. 588 ter LECrim).

La intervención judicialmente acordada podrá autorizar el acceso al contenido de las comunicaciones y a los datos electrónicos de tráfico o asociados al proceso de comunicación, así como a los que se produzcan con independencia del establecimiento o no de una concreta comunicación, en los que participe el sujeto investigado, ya sea como emisor o como receptor, y podrá afectar a los terminales o los medios de comunicación de los que el investigado sea titular o usuario.

Art. 588 ter LECrim · Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. · texto en el BOE

Cuando no ha sido posible obtener el número de abonado y este resulta indispensable, los agentes de Policía Judicial pueden valerse de artificios técnicos para acceder a los códigos de identificación del aparato o de sus componentes (IMSI, IMEI u otros medios técnicos) y solicitar después al juez competente la intervención, poniendo en su conocimiento la utilización de esos artificios; el tribunal dicta resolución motivada concediendo o denegando la solicitud (art. 588 ter LECrim).

• Las escuchas suelen ser la columna vertebral de las causas por tráfico de drogas o blanqueo de capitales: auditar su legalidad es lo primero.
• Un punto central de revisión es que la resolución judicial esté motivada (art. 588 ter LECrim) y que la medida se ciña a los terminales y sujetos autorizados.
• Cuando la medida alcanza a terminales de terceros, debe comprobarse que concurre alguno de los supuestos que la ley exige (art. 588 ter LECrim).
• Si se han empleado artificios técnicos para captar IMSI o IMEI, la solicitud debe haberlo puesto en conocimiento del órgano judicial (art. 588 ter LECrim).
• El cotejo de las transcripciones con los audios originales y la identificación de voces también son terreno de impugnación.

La defensa reconstruye la cadena de autorizaciones: oficio policial inicial, resolución judicial, prórrogas y ampliaciones, y coteja las transcripciones con los soportes originales. Comprueba si la medida se ajustó a los terminales y sujetos que la ley permite intervenir (art. 588 ter LECrim) y, si entiende que su origen es irregular, lo plantea en la causa por la vía de la nulidad de la prueba; si la medida es válida, discute la interpretación de conversaciones ambiguas y la identificación de los interlocutores. La estrategia la dirige siempre un penalista colegiado. JBH es una plataforma de intermediación jurídica que coordina con abogados especialistas colegiados independientes; la dirección del caso corresponde siempre a un colegiado habilitado.

La interpretación de «intervención de comunicaciones» evoluciona con la doctrina de los tribunales. No reproducimos números de sentencia ni identificadores ECLI sin verificar: la jurisprudencia aplicable a un caso concreto debe localizarla y contrastarla un abogado colegiado en la fuente oficial. Puedes preparar tu estrategia de búsqueda en el CENDOJ con nuestro buscador de jurisprudencia asistido y validar cualquier referencia con el verificador de citas legales.

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