Estafa de inversión y criptomonedas

La estafa de inversión es la aplicación del delito de estafa (art. 248 CP, con las agravaciones del art. 250 CP) al mundo financiero y cripto: engañar a inversores para que entreguen su dinero creyendo en un producto, plataforma o gestor que no existe o no funciona como se promete. Formas típicas:

• Plataformas de inversión falsas (los llamados «chiringuitos financieros») que simulan rentabilidades en un panel ficticio.
• Esquemas piramidales o Ponzi, donde las «ganancias» de unos se pagan con las aportaciones de otros.
• Fraudes cripto: «rug pulls» (proyectos que desaparecen con los fondos), tokens sin respaldo, falsos «brokers», señales de inversión fraudulentas o phishing de monederos.

El Código contempla además una figura específica de estafa de inversores: el falseamiento, por los administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, de la información económico-financiera de los folletos de emisión o de la que debe publicarse conforme a la legislación del mercado de valores, con el propósito de captar inversores o depositantes, colocar activos financieros u obtener financiación (art. 282 bis CP). El dinero defraudado suele moverse después a través de operaciones que se analizan bajo la figura del blanqueo de capitales.

• Engaño bastante y precedente: la puesta en escena (web profesional, contratos, paneles de rentabilidad, comerciales) debe ser objetivamente idónea para inducir a error; no basta el simple fracaso de una inversión real.
• Error del inversor, que entrega el dinero por causa del engaño.
• Acto de disposición patrimonial y perjuicio: transferencias, entregas de criptoactivos, aportaciones sucesivas.
• Ánimo de lucro y dolo, incluido el llamado dolo antecedente: la intención de no cumplir existía ya al captar los fondos; distinguirlo del negocio que fracasa después es el núcleo de estos procedimientos.

La cuantía defraudada y la afectación a una generalidad de personas activan agravaciones específicas: que el valor de la defraudación supere los 50.000 euros o afecte a un elevado número de personas, o que el autor aproveche su credibilidad empresarial o profesional (art. 250 CP). En cripto se añaden retos probatorios propios: trazabilidad en blockchain, exchanges extranjeros, identificación de los titulares reales de los monederos y cooperación internacional.

La estafa se castiga con prisión de seis meses a tres años, fijándose la pena atendiendo al importe de lo defraudado, al quebranto causado al perjudicado y a los medios empleados; si lo defraudado no excede de 400 euros, la pena es de multa de uno a tres meses, salvo que concurra alguna de las circunstancias del art. 250 (art. 248 CP). Cuando el valor de la defraudación supera los 50.000 euros o afecta a un elevado número de personas, o se aprovecha la credibilidad empresarial o profesional, la pena es de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, que pasa a prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses cuando la defraudación supera los 250.000 euros (art. 250 CP). La estafa de inversores se castiga con prisión de uno a cuatro años, en su mitad superior si llega a obtenerse la inversión con perjuicio, y con prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses si el perjuicio fuera de notoria gravedad (art. 282 bis CP).

Los reos de estafa serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador, los medios empleados por este y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.

Art. 248 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando: 1.º Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.

Art. 250 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

En abstracto, la respuesta penal crece con el valor de lo defraudado y con el número de afectados, y junto a la pena operan la responsabilidad civil —restitución, reparación del daño e indemnización de perjuicios (arts. 109, 110 y 116 CP)— y el comiso de los efectos y de las ganancias provenientes del delito, cualesquiera que sean sus transformaciones (art. 127 CP), incluidos criptoactivos. Para una horquilla orientativa puede usarse la calculadora de pena.

• Riesgo de mercado, no engaño: acreditar que existió una inversión real y que las pérdidas derivan de la volatilidad asumida y advertida, no de una simulación; la frontera entre fracaso empresarial y dolo antecedente decide estos casos.
• Ausencia de dolo inicial: el proyecto operó, contrató y pagó durante un periodo; la insolvencia sobrevino después.
• Participación periférica: distinguir al ideólogo del comercial, del captador o del «mulero» que cede su cuenta; su grado de conocimiento de los hechos se valora conforme a las reglas del error (art. 14 CP).
• Pericial de trazabilidad: auditar los flujos en blockchain y bancarios para delimitar cuantías y destinos reales.
• Cuantía: discutir las agravaciones por el importe de la defraudación y la afectación a un elevado número de personas (art. 250 CP).
• Reparación del daño, devolución de fondos —atenuante del art. 21 CP— y, en su caso, conformidad.

La estrategia la dirige siempre un abogado especialista colegiado con apoyo pericial especializado.

La interpretación de «estafa de inversión y criptomonedas» evoluciona con la doctrina de los tribunales. No reproducimos números de sentencia ni identificadores ECLI sin verificar: la jurisprudencia aplicable a un caso concreto debe localizarla y contrastarla un abogado colegiado en la fuente oficial. Puedes preparar tu estrategia de búsqueda en el CENDOJ con nuestro buscador de jurisprudencia asistido y validar cualquier referencia con el verificador de citas legales.

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