Obstrucción a la justicia

El Código Penal español no agrupa bajo un solo precepto con ese nombre todas las conductas que solemos llamar «obstrucción a la justicia». Se trata de una categoría doctrinal que engloba conductas tipificadas de forma dispersa, todas ellas orientadas a lesionar el bien jurídico de la Administración de Justicia como función pública esencial del Estado de Derecho.

Entre los tipos penales que se encuadran bajo esta denominación se encuentran: el encubrimiento o favorecimiento (art. 451 CP, con la exención del art. 454 CP), la ocultación, alteración o inutilización de los efectos del delito, la presión o amenaza a testigos, peritos o partes, ciertas conductas relacionadas con el falso testimonio y la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial (art. 466 CP).

El denominador común de todas estas figuras es la intencionalidad: el autor actúa con la finalidad de que la justicia no llegue a su destino natural, ya sea impidiendo que se descubra un delito, que se identifique a sus autores o que las pruebas lleguen intactas al juicio oral. Esta voluntad obstaculizadora es el elemento que cohesiona categorías penales en apariencia heterogéneas.

Encubrimiento y favorecimiento (art. 451 CP). El art. 451 CP exige que el sujeto, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en él como autor o cómplice, intervenga con posterioridad a su ejecución: auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio; ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos del delito para impedir su descubrimiento; o ayudando a los presuntos responsables a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, en este último caso solo cuando el hecho encubierto sea alguno de los delitos que el propio precepto enumera o cuando el favorecedor haya obrado con abuso de funciones públicas. El art. 454 CP exime de las penas de los encubridores a determinados parientes, con la sola excepción del supuesto del número 1.º del art. 451 CP. Esta exención conecta con la previsión del art. 24 CE, que remite a la ley los casos en que, por razón de parentesco o secreto profesional, no se está obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos, y con la dispensa de declarar contra familiares.

Ocultación, alteración o inutilización de pruebas. El art. 451 CP, en su número 2.º, castiga a quien, sin haber intervenido en el delito como autor o cómplice, oculta, altera o inutiliza el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito para impedir su descubrimiento. La conducta exige tanto ese elemento objetivo como la finalidad de impedir el descubrimiento, lo que resulta relevante al valorar incidencias sobre la cadena de custodia.

Presión, amenaza o coacción a testigos, peritos o partes. Las amenazas dirigidas a quienes participan en un proceso pueden integrar el tipo del art. 169 CP y las coacciones el del art. 172 CP, según la conducta concreta. Con independencia de ello, el art. 420 LECrim prevé que el testigo que sin estar impedido no concurra al primer llamamiento judicial incurra en multa de 200 a 5.000 euros y, si persiste, sea perseguido por el delito de obstrucción a la justicia; y si se resiste a declarar, por el de desobediencia grave a la autoridad.

Revelación de actuaciones secretas. El art. 466 CP tipifica la revelación, por el abogado o procurador, de actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial. El mismo precepto contempla su realización por el juez o miembro del tribunal, representante del Ministerio Fiscal, Secretario Judicial o cualquier funcionario al servicio de la Administración de Justicia, así como por cualquier otro particular que intervenga en el proceso.

El marco penal varía según la modalidad concreta:

• Encubrimiento (art. 451 CP): prisión de seis meses a tres años. Si el favorecedor obró con abuso de funciones públicas se impone además inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años si el delito encubierto fuere menos grave, y inhabilitación absoluta de seis a doce años si aquél fuera grave.
• Exención por parentesco (art. 454 CP): están exentos de las penas impuestas a los encubridores los parientes que el precepto enumera, con la sola excepción del supuesto del número 1.º del art. 451 CP.
• Revelación de actuaciones secretas (art. 466 CP): para el abogado o procurador, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años; si la revelación la realiza juez, miembro del tribunal, representante del Ministerio Fiscal, Secretario Judicial o funcionario al servicio de la Administración de Justicia, se imponen las penas del art. 417 CP en su mitad superior; y si la realiza otro particular que intervenga en el proceso, la pena del apartado primero en su mitad inferior.
• Amenazas (art. 169 CP): prisión de uno a cinco años si la amenaza fue condicional y el culpable consiguió su propósito, y de seis meses a tres años si no lo consiguió; prisión de seis meses a dos años cuando la amenaza no haya sido condicional.
• Coacciones (art. 172 CP): prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:

Art. 451 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

El abogado o procurador que revelare actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial, será castigado con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años.

Art. 466 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

Sobre esos marcos operan las circunstancias agravantes del art. 22 CP —entre otras, el abuso de superioridad o la reincidencia— y las atenuantes del art. 21 CP, conforme a las reglas de aplicación de la pena del art. 66 CP. La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga además a reparar los daños y perjuicios causados (art. 109 CP), responsabilidad que comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales (art. 110 CP) y que alcanza a toda persona criminalmente responsable (art. 116 CP).

La obstrucción a la justicia puede producirse en cualquier fase del proceso penal, aunque su detección y persecución sigue pautas distintas según el momento:

Durante la instrucción. Es la fase de mayor riesgo. La investigación todavía está construyendo el relato fáctico, de modo que ocultar o inutilizar efectos del delito, presionar a testigos o ayudar al investigado a eludir la investigación tiene una eficacia potencial mucho mayor. Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento, cuando exista un peligro fundado y concreto, es uno de los fines que permiten acordar la prisión provisional conforme al art. 503 LECrim. El mismo precepto advierte de que no procede acordarla por esta causa cuando el peligro pretenda inferirse únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de la falta de colaboración del investigado.

Durante el juicio oral. Las coacciones o amenazas a testigos antes o durante el plenario y la incomparecencia de quienes han sido citados son las incidencias más frecuentes en esta etapa. Para la incomparecencia, el art. 661 LECrim prevé la multa señalada en el número 5.º del art. 175 LECrim y, si vueltos a citar dejaren también de comparecer, el procesamiento de peritos y testigos por el delito de obstrucción a la justicia.

Tras la sentencia, durante la ejecución. El ocultamiento de bienes puede incidir en el decomiso, que conforme al art. 127 CP alcanza a los efectos que provengan del delito, a los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado y a las ganancias provenientes de él. En este ámbito cobran relevancia el alzamiento de bienes y la insolvencia punible.

En cuanto al cauce, el enjuiciamiento de las causas por delitos con pena privativa de libertad no superior a cinco años corresponde a la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia y, en los demás casos, a la Audiencia Provincial (art. 14 LECrim); el procedimiento abreviado se aplica al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años (art. 757 LECrim), y cabe la conformidad ante el juzgado de guardia en los términos y con los límites del art. 801 LECrim.

La defensa penal ante una acusación de obstrucción a la justicia debe construirse con sumo cuidado, porque el tipo subjetivo —la intencionalidad obstaculizadora— es el elemento más difícil de acreditar para la acusación pero también el que más fácilmente puede quedar desvirtuado con una defensa técnica rigurosa.

Ausencia de dolo obstaculizador. El art. 451 CP exige conocimiento de la comisión del delito y, en su número 2.º, la finalidad de impedir su descubrimiento. Muchas conductas que aparentemente dificultan el proceso tienen una explicación alternativa: destruir documentación por motivos de gestión ordinaria no equivale a hacerlo para eliminar pruebas. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal y, si es vencible, la infracción se castiga en su caso como imprudente (art. 14 CP).

Exención por vínculos familiares. El art. 454 CP exime de las penas impuestas a los encubridores a quienes lo sean de su cónyuge o de persona ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza, por adopción, o afines en los mismos grados. La defensa debe analizar si el investigado se encuentra dentro de ese círculo.

Atipicidad de la conducta. Al no existir un tipo único de «obstrucción a la justicia», es frecuente que la acusación no logre encajar la conducta concreta en un precepto determinado. Una defensa rigurosa analiza si los hechos reúnen todos los elementos del artículo invocado o si quedan en el ámbito de la irrelevancia penal; también puede operar el obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo como causa de exención (art. 20 CP).

Cuestionamiento de la prueba de cargo. Si la prueba se obtuvo sin respetar las garantías del proceso, la defensa puede cuestionar su validez al amparo del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24 CE). Además, todas las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tienen carácter confidencial y, si hubieran sido captadas o intervenidas durante la ejecución de una diligencia, el juez ordenará la eliminación de la grabación o la entrega al destinatario de la correspondencia detenida, salvo que existan indicios objetivos de la participación del abogado en el hecho delictivo (art. 118 LECrim).

Creer que avisar a un familiar de que «no diga nada» es siempre legal. El derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable ampara a la persona a quien se atribuye el hecho punible (art. 24 CE y art. 118 LECrim); no es una autorización para instruir a terceros sobre cómo declarar.

Destruir documentos «por si acaso» una vez iniciada la investigación. Ocultar, alterar o inutilizar el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito para impedir su descubrimiento es precisamente la conducta descrita en el número 2.º del art. 451 CP para quien no intervino en el delito como autor o cómplice. Además, la capacidad del investigado para acceder a las fuentes de prueba se valora al decidir sobre la prisión provisional (art. 503 LECrim).

Confundir el ejercicio legítimo de la defensa con la obstaculización. El derecho de defensa se ejerce sin más limitaciones que las expresamente previstas en la ley (art. 118 LECrim) y el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo exime de responsabilidad criminal (art. 20 CP). El límite se cruza cuando se realizan conductas que encajan en un tipo penal concreto.

Subestimar el riesgo de obstrucción como argumento para la prisión provisional. Para valorar el peligro de ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba se atiende a la capacidad del investigado para acceder a ellas por sí o a través de terceros, o para influir sobre otros investigados, testigos o peritos (art. 503 LECrim). Ese mismo precepto impide inferir el peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de la falta de colaboración.

Pensar que la exención familiar es absoluta. El art. 454 CP exime a los parientes que enumera, pero con la sola excepción de los encubridores comprendidos en el supuesto del número 1.º del art. 451 CP, es decir, quienes auxilian a los responsables para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito.

Un penalista colegiado que recibe a un cliente investigado o acusado por conductas que pueden encajar en alguna modalidad de obstrucción a la justicia comienza por delimitar con precisión el tipo penal concreto que la acusación pretende aplicar. Dado que «obstrucción a la justicia» no es una denominación legal unívoca, la primera labor técnica es identificar el artículo exacto del Código Penal en que se fundamenta la imputación y analizar si los hechos cumplen todos los elementos típicos, objetivos y subjetivos.

A continuación, el abogado examina la prueba de cargo: cómo se obtuvo, si se respetaron las garantías procesales, si existe cadena de custodia correcta y si la prueba es suficiente para acreditar no solo el acto externo sino también la intención obstaculizadora. Con frecuencia, la debilidad de la acusación no está en el hecho en sí sino en la acreditación del dolo específico requerido por el tipo.

En paralelo, el abogado valora si su cliente puede beneficiarse de la exención del art. 454 CP por razón de parentesco, si la conducta es atípica por no reunir los elementos del precepto invocado y qué efectos procesales colaterales tiene la imputación, en particular sobre las medidas cautelares y la prisión provisional conforme al art. 503 LECrim.

Por último, un penalista con experiencia en este tipo de asuntos asesora desde el primer momento de la investigación, explicando con claridad cuáles son los límites del ejercicio legítimo de la defensa y dónde comienza la responsabilidad penal. La prevención es, en esta materia, tan importante como la defensa reactiva. La plataforma JBH puede ayudarle a localizar un abogado especialista colegiado con experiencia específica en delitos contra la Administración de Justicia.

La interpretación de «obstrucción a la justicia» evoluciona con la doctrina de los tribunales. No reproducimos números de sentencia ni identificadores ECLI sin verificar: la jurisprudencia aplicable a un caso concreto debe localizarla y contrastarla un abogado colegiado en la fuente oficial. Puedes preparar tu estrategia de búsqueda en el CENDOJ con nuestro buscador de jurisprudencia asistido y validar cualquier referencia con el verificador de citas legales.

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