Insolvencia punible

La insolvencia punible (art. 259 CP, art. 259 bis CP y art. 260 CP) castiga determinadas conductas del deudor —normalmente un empresario o administrador— realizadas en situación de insolvencia actual o inminente, o que la causan (art. 259.2 CP): ocultar, dañar o destruir bienes, realizar actos de disposición que no guarden proporción con la situación patrimonial y carezcan de justificación económica o empresarial, simular créditos o reconocer créditos ficticios, incumplir el deber legal de llevar contabilidad o llevar doble contabilidad, entre otras conductas del catálogo del art. 259.1 CP. Se sanciona también el favorecimiento de acreedores (pagar un crédito no exigible o facilitar una garantía a la que no se tenía derecho, o pagar a unos acreedores con posposición del resto una vez admitida a trámite la solicitud de concurso) en el art. 260 CP.

Es el delito típicamente asociado al concurso de acreedores: separa la insolvencia como riesgo normal de la actividad económica —que no es delito— del vaciamiento fraudulento del patrimonio que debía responder frente a los acreedores. Guarda relación estrecha con el alzamiento de bienes y con la administración desleal, de los que se distingue por su vinculación a la situación de insolvencia.

• Situación de insolvencia actual o inminente, o causación de la misma mediante las conductas típicas (art. 259.2 CP).
• Conducta típica del catálogo legal: ocultación o destrucción de bienes, actos de disposición sin justificación económica o empresarial, simulación de créditos, o irregularidades contables relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera (art. 259.1 CP).
• Condición de perseguibilidad: que el deudor haya dejado de cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o haya sido declarado su concurso (art. 259.4 CP).
• Elemento subjetivo: dolo; la ley contempla además la comisión por imprudencia (art. 259.3 CP), algo poco habitual en los delitos económicos.

El proceso penal es independiente de la calificación del concurso en vía mercantil: la calificación de la insolvencia en el proceso concursal no vincula en ningún caso a la jurisdicción penal (art. 259.6 CP). Además, el delito y los delitos singulares relacionados con él pueden perseguirse sin esperar a la conclusión del concurso y sin perjuicio de su continuación, incorporándose en su caso a la masa el importe de la responsabilidad civil derivada (art. 259.5 CP).

El tipo básico del art. 259 CP se castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses, tanto para quien realiza las conductas del catálogo encontrándose en insolvencia actual o inminente como para quien causa así su insolvencia (art. 259.2 CP). Si los hechos se cometen por imprudencia, la pena es de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses (art. 259.3 CP). El tipo agravado del art. 259 bis CP prevé prisión de dos a seis años y multa de ocho a veinticuatro meses. El favorecimiento de acreedores del art. 260 CP se castiga con prisión de seis meses a tres años o multa de ocho a veinticuatro meses y, cuando el acto se realiza una vez admitida a trámite la solicitud de concurso sin autorización judicial ni de los administradores concursales, con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

1. Será castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses quien, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, realice alguna de las siguientes conductas:

Art. 259 CP · Ley Orgánica 10/1995 · texto en el BOE

La respuesta penal es más grave cuando se produzca o pueda producirse perjuicio patrimonial en una generalidad de personas o pueda ponerlas en grave situación económica, cuando se cause a alguno de los acreedores un perjuicio económico superior a 600.000 euros, o cuando al menos la mitad del importe de los créditos concursales tenga como titulares a la Hacienda Pública y a la Seguridad Social (art. 259 bis CP), y menor en la modalidad imprudente (art. 259.3 CP). La reparación del daño puede operar como atenuante (art. 21.5 CP) y la pena se individualiza conforme a las reglas del art. 66 CP. Para una horquilla orientativa puede usarse la calculadora de pena.

• Riesgo empresarial lícito: distinguir decisiones de gestión razonables en su momento —aunque fallidas— de actos que carezcan de justificación económica o empresarial (art. 259.1 CP); la crisis de la empresa no es, por sí misma, delito.
• Pericial económico-contable: reconstruir la contabilidad y la tesorería para acreditar que no hubo irregularidades relevantes para la comprensión de la situación patrimonial ni ocultación.
• Cronología de la insolvencia: situar los actos cuestionados en un momento en que la insolvencia no era actual ni inminente.
• Pagos ordinarios: encuadrar los pagos a ciertos acreedores fuera del favorecimiento del art. 260 CP, por tratarse de operaciones con justificación económica o empresarial.
• Ausencia de dolo y, en su caso, discusión de la modalidad imprudente (art. 259.3 CP), así como del error sobre el hecho o sobre la ilicitud (art. 14 CP).
• Valorar la conformidad cuando la prueba documental es sólida.

La estrategia la dirige siempre un abogado especialista colegiado, en coordinación con los profesionales del concurso.

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