El texto oficial, literal
Artículo 23. Abstención.
1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
2. Son motivos de abstención los siguientes:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
3. Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el expediente.
4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda.
En lenguaje claro
El artículo 23 de la Ley 40/2015 regula la abstención de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Cuando en quien tramita un asunto concurra alguna de las circunstancias señaladas en el apartado 2, debe abstenerse de intervenir y comunicarlo a su superior inmediato, que resolverá lo procedente. Los órganos jerárquicamente superiores también pueden ordenarle que se abstenga.
El artículo enumera los motivos que obligan a abstenerse: tener interés personal en el asunto o en otro en cuya resolución pudiera influir aquél, ser administrador de sociedad o entidad interesada o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado; tener vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con los interesados, con administradores de entidades interesadas o con asesores, representantes o mandatarios que intervengan, así como compartir despacho o estar asociado con éstos; tener amistad íntima o enemistad manifiesta con esas personas; haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento; o tener relación de servicio con persona interesada o haberle prestado servicios profesionales en los dos últimos años.
El propio artículo señala que la actuación concurriendo motivos de abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos, y que la no abstención dará lugar a la responsabilidad que proceda. Para su caso concreto, consulte con un abogado colegiado.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuándo debe abstenerse un funcionario?
- Cuando concurra alguno de los motivos listados en el apartado 2, debe abstenerse de intervenir y comunicarlo a su superior inmediato, que resolverá lo procedente.
- ¿Qué pasa si un funcionario no se abstiene debiendo hacerlo?
- El artículo indica que la no abstención dará lugar a la responsabilidad que proceda, aunque su actuación no implicará necesariamente la invalidez de los actos en que haya intervenido.
Explicación redactada con ayuda de inteligencia artificial y contrastada con el texto oficial del BOE el 3 de octubre de 2026. Explica lo que dice la norma; no es asesoramiento sobre su caso.