Responsabilidad patrimonial de la Administración

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

Art. 32 LRJSP · Ley 40/2015 · texto en el BOE

La responsabilidad patrimonial es el derecho a que la Administración le indemnice por un daño que ha sufrido en sus bienes o en sus derechos, cuando ese daño viene del funcionamiento de un servicio público. No hace falta demostrar que alguien actuó mal: el art. 32 LRJSP habla tanto del funcionamiento normal como del anormal. Sí hay dos excepciones expresas: la fuerza mayor y los daños que usted tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley (art. 32 LRJSP y art. 34 LRJSP).

Ojo con una idea muy extendida: que le anulen un acto administrativo no le da automáticamente derecho a cobrar. El art. 32 LRJSP dice que la anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. Habrá que acreditar igualmente el daño y su relación con el servicio público.

• Un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado respecto de una persona o grupo de personas (art. 32 LRJSP).
• Que el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público (art. 32 LRJSP).
• Que no concurra fuerza mayor ni se trate de un daño que usted tenga el deber jurídico de soportar conforme a la Ley (art. 32 LRJSP y art. 34 LRJSP).
• Que el daño no derive de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica en el momento en que se produjeron (art. 34 LRJSP).
• Que su derecho a reclamar no haya prescrito (art. 67 LPACAP).
• En la solicitud debe especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica si fuera posible y el momento en que la lesión se produjo, con los documentos y la proposición de prueba (art. 67 LPACAP).

El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

Art. 67 LPACAP · Ley 39/2015 · texto en el BOE

• Regla general: un año desde el hecho o desde que se manifieste su efecto lesivo (art. 67 LPACAP).
• Daños físicos o psíquicos: el año se cuenta desde la curación o desde que se determina el alcance de las secuelas (art. 67 LPACAP).
• Si el derecho nace de la anulación de un acto o disposición general: un año desde que se notificó la resolución administrativa o la sentencia definitiva (art. 67 LPACAP).
• Norma declarada inconstitucional o contraria al Derecho de la Unión Europea: un año desde la publicación de la sentencia en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea» (art. 67 LPACAP). En esos casos son indemnizables los daños producidos en los cinco años anteriores a esa publicación, salvo que la sentencia disponga otra cosa (art. 34 LRJSP).
• Respuesta de la Administración: transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin resolución expresa notificada, puede entenderse que la resolución es contraria a la indemnización (art. 91 LPACAP).

1. Fije la fecha de inicio del plazo Identifique el día del hecho, el de manifestación del efecto lesivo o, si hay lesiones, el de la curación o determinación de las secuelas (art. 67 LPACAP). De esa fecha depende el año de prescripción.
2. Reúna la prueba del daño El daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado (art. 32 LRJSP). Facturas, informes médicos, periciales, fotografías y testigos ayudan a acreditarlo.
3. Explique la relación de causalidad La solicitud debe exponer la presunta relación entre la lesión y el funcionamiento del servicio público, además del momento en que la lesión se produjo (art. 67 LPACAP).
4. Cuantifique la indemnización Valore el daño con arreglo a los criterios del art. 34 LRJSP: legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderando las valoraciones predominantes en el mercado; en muerte o lesiones corporales puede tomarse como referencia la valoración de los baremos de seguros obligatorios y Seguridad Social.
5. Presente la reclamación y controle los seis meses Si pasan seis meses sin resolución expresa notificada, puede entender desestimada su petición (art. 91 LPACAP) y valorar con un abogado colegiado la vía contencioso-administrativa.

• Esperar a tener todos los papeles y dejar pasar el año de prescripción del art. 67 LPACAP.
• Creer que, por haberse anulado el acto, la indemnización es automática: el art. 32 LRJSP dice lo contrario.
• Reclamar un daño hipotético o futuro: debe ser efectivo y evaluable económicamente (art. 32 LRJSP).
• No cuantificar ni proponer prueba, cuando el art. 67 LPACAP exige la evaluación económica si fuera posible y concretar los medios de prueba.
• Olvidar que la resolución debe pronunciarse sobre la relación de causalidad y sobre la valoración del daño, la cuantía y el modo de la indemnización (art. 91 LPACAP): si no lo hace, conviene revisarlo con un abogado colegiado.
• En daños por normas declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea, no comprobar si existe sentencia firme desestimatoria previa en la que se alegara esa infracción (art. 32 LRJSP).