El texto oficial, literal
Artículo 120. Régimen de adscripción.
1. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito de conformidad con lo previsto en este artículo.
2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que:
a) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno.
b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos.
c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo.
d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial.
e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno.
f) Financie en más de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año.
g) Ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial.
h) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.
3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro y estará adscrito a la Administración Pública que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.
4. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se produjo el cambio de adscripción.
En lenguaje claro
El artículo 120 de la Ley 40/2015 regula a qué Administración Pública queda adscrito un consorcio. Los estatutos de cada consorcio determinarán esa adscripción de conformidad con lo previsto en el propio artículo.
El artículo recoge ocho criterios ordenados por prioridad, referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, y la adscripción vale por todo ese ejercicio. Entre ellos: disponer de la mayoría de votos en los órganos de gobierno, tener facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos o del personal directivo, un mayor control sobre la actividad por normativa especial, financiar más del cincuenta por ciento de la actividad, u ostentar el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. Si participan entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro y se adscribirá según los mismos criterios.
El artículo también prevé que cualquier cambio de adscripción conllevará la modificación de los estatutos. Para su caso concreto, conviene consultar a un abogado colegiado.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué plazo hay para modificar los estatutos tras un cambio de adscripción?
- El plazo no puede superar los seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio.
- ¿Qué ocurre si participan entidades privadas en el consorcio?
- El consorcio no tendrá ánimo de lucro y quedará adscrito a la Administración Pública que resulte de aplicar los criterios del apartado 2.
Explicación redactada con ayuda de inteligencia artificial y contrastada con el texto oficial del BOE el 3 de octubre de 2026. Explica lo que dice la norma; no es asesoramiento sobre su caso.